La UOCRA declaró el estado de alerta y asamblea permanente en todas las obras públicas y privadas del país y confirmó la primicia de InfoGremiales: «En los dos últimos meses se han perdido 50 mil puestos de trabajo directos y más de 100 mil indirectos en nuestro sector como consecuencia de la desfinanciación y consecuente paralización de las obras públicas».
La UOCRA, el gremio que nuclea a los trabajadores de la construcción se declaró hoy «en estado de alerta y asamblea permanente» en todas las obras públicas y privadas del país. Se trata de una determinación por el impacto en el empleo y en la actividad que generó la desfinanciación de la obra pública decidida por Javier Milei.
«La medida obedece a la pérdida de puestos de trabajo producto de la paralización de las obras públicas dispuesta por el gobierno nacional; la desaceleración de la inversión que pone en riesgo la continuidad de las obras privadas en ejecución y su consecuente impacto en la continuidad laboral de los trabajadores y trabajadoras en actividad y la ausencia de gestión e interlocutores válidos por parte del poder ejecutivo nacional, que se desentiende de la problemática que afecta a nuestra industria», explica la organización que lidera Gerardo Martínez.
«Esta situación se da en el marco de caída abrupta y generalizada de la actividad económica, se agrava en nuestra industria por la reticencia del sector empresario a acordar una recomposición salarial justa y suficiente que preserve el poder adquisitivo», añade el gremio.
Y especifica: «En los dos últimos meses se han perdido 50 mil puestos de trabajo directos y más de 100 mil indirectos en nuestro sector como consecuencia de la desfinanciación y consecuente paralización de las obras públicas en ejecución por parte del actual gobierno, situación que pone en grave riesgo la continuidad laboral de gran parte de la actividad de la construcción».
«Es inaceptable que el gobierno nacional no se responsabilice de las consecuencias económicas, laborales y sociales de sus propias medidas de gobierno; que no convoque al diálogo social y ponga en riesgo la seguridad jurídica en materia de inversión en obras públicas, afectando las impostergables demandas por desarrollo económico y social de todas las regiones de nuestro país», concluye.
La información confirma la primicia de InfoGremiales. Es que un documento reservado de la gestión de Javier Gerardo Milei, que fue presentado ante diferentes economistas de organismos internacionales, explicaba que la determinación de paralizar las obras ya había generado unos 130 mil despidos en empleados de la construcción y afines. Además especificaba que el número podría crecer con una mirada a mediano plazo.
El documento encendió las alarmas entre los potenciales inversores. Descreen de la viabilidad del ajuste de tal magnitud y visualizan un otoño de altísima conflictividad sindical y social. Tanto es así la propia Gita Gopinath le pidió pragmatismo a Milei para encarar la articulación política que le permita surfear esa etapa.
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