Las cifras se manejan en reserva. Los 130 mil despedidos son el primer impacto directo que generó la parálisis de la obra pública, que podría ser todavía mayor en una evaluación a mediano plazo. Temor por la conflictividad social y la sostenibilidad del plan de ajuste.
La mordaza fiscal y el freno al giro de recursos para diferentes acciones empieza a tener su correlato en el empleo. Es que la parálisis de diferentes frentes de políticas públicas pone al borde del crash a muchas actividades de la economía, algunas de ellas centrales en el movimiento del país.
Eso es lo que ocurre con la obra pública. Un documento reservado de la gestión de Javier Gerardo Milei, que fue presentado ante diferentes economistas de organismos internacionales, explica que la determinación ya generó unos 130 mil despidos en empleados de la construcción. Además el número podría crecer con una mirada a mediano plazo.
Los números son coincidentes con los que manejan los empresarios de la construcción, nucleados en CAMARCO. A principios de enero declararon al sector en “estado de emergencia” y advirtieron 1.400 empresas y 200.000 empleos está en riesgo.
El documento encendió las alarmas entre los potenciales inversores. Descreen de la viabilidad del ajuste de tal magnitud y visualizan un otoño de altísima conflictividad sindical y social. Tanto es así la propia Gita Gopinath le pidió pragmatismo a Milei para encarar la articulación política que le permita surfear esa etapa.
De hecho en la visita la subdirectora del FMI advirtió que «se necesitarán más medidas» tendientes a «proporcionar asistencia social» y «a los programas de asignación por hijo y de alimentos» incluyendo en ese espectro a la clase media.
«Será importante además mantener el valor real de la asistencia social focalizada y las jubilaciones, que deben seguir el ritmo de la inflación. No se trata solo de hacer el ajuste, sino de asegurarse su buena calidad», planteó Gita Gopinath.
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