En un año que ya se presenta conflictivo, Llaryora impulsa una medida para debilitar los salarios de los docentes que adhieran a las huelgas

El Gobierno de Martín Llaryora implementará el «ítem aula». Se trata de un mecanismo por el cual Mendoza logró reducir la adhesión a las huelgas castigando a quienes participan. Es un plus de 10% del salario para los maestros que no tengan faltas injustificadas.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, implementará desde este año una estrategia para tratar de debilitar las huelgas docentes. Será en el inicio de un ciclo que ya se pronostica conflictivo sin paritaria nacional aún y con el recorte de los Fondos de Nación.

Imitará lo hecho por Mendoza, donde los mandatarios hablaban de adhesiones moderadas a las medidas de fuerza de los gremios.

Se trata de la implementación del «ítem aula», una iniciativa que implementó en 2016 el primer gobierno de Alfredo Cornejo, que otorga 10 por ciento de salario extra a los docentes que no tengan faltas injustificadas.

Con esto, desde el gobierno de Mendoza afirman que lograron bajar significativamente el ausentismo docente y reducir al mínimo el acatamiento a los paros.

En Córdoba la herramienta se llamará «ítem profesionalidad docente» y también sumará 10 por ciento al salario de los docentes que no tengan faltas justificadas.

Como en el caso del de Mendoza, también se aplica para aquellos docentes que no falten más de tres veces al mes en forma justificada.

En el caso de Córdoba, la nueva resolución -que ya está vigente- suma como condición una capacitación profesional.

Una gran diferencia entre los ítems aulas de Mendoza y Córdoba es que en Mendoza salió por ley y, judicializado, llegó incluso hasta la Suprema Corte provincial que le dio el visto bueno. Ahora solo puede darse marcha atrás con otra ley. En el caso del de Córdoba, en cambio, es una resolución, por lo cual una futura administración lo puede revertir con otra resolución.

La medida del “ítem profesionalidad docente” de Córdoba fue publicada en el boletín oficial provincial el viernes pasado, 9 de febrero, y en el contexto de la caída del proyecto de ley ómnibus, que tenía en sus capítulos de educación algunos artículos que encauzaban el conflicto docente.