La Unión Industrial Argentina (UIA) reclamó que la discusión sobre cómo contrarrestar el impacto de la inflación en los salarios de los trabajadores se mantenga dentro de los acuerdos paritarios. En un mensaje dirigido hacia Sergio Massa, rechazó el establecimiento de aumentos o sumas fijas por decreto, debido a que generan una «superposición de porcentajes o sumas que entrarán en contradicción o solapamiento con las escalas».
La entidad que nuclea a las principales empresas y pymes del sector fabril, salió a marcarle la cancha a Sergio Massa y rechazó el bono de 60 mil pesos en dos tramos anunciado el fin de semana por el ministro de Economía, destinado a trabajadores que ganen menos de $ 400.000 netos por mes.
«Los aumentos por decreto colisionan con los consensos salariales ya firmados, a los cuales siempre se ha respondido como dan cuenta los propios registros de la cartera laboral. No obstante, las cámaras e industrias asociadas darán cumplimiento a la normativa vigente», señaló la UIA y se subió al fuego que había abierto en la previa la CAME.
En ese sentido, la entidad consideró que «las medidas para reducir los impactos de la devaluación deben ser el ordenamiento de la macroeconomía y la lucha contra la inflación y no la alteración de las discusiones salariales a través de medidas unilaterales».
«La industria argentina cuenta con 346 convenios colectivos de trabajo activos, con sus respectivos acuerdos para incrementos de remuneraciones y otros beneficios», alertó la UIA, tras lo cual rechazó «la decisión unilateral y transversal de establecer aumentos por decreto».
La ministra de Trabajo, Raquel «Kelly» Olmos, advirtió que «se aplicarán multas» a las empresas que no cumplan con el pago del bono de $60.000.
«Las empresas que no paguen tendrán una infracción. Van a tener que pagar -el bono- y encima una multa», dijo la funcionaria en diálogo con Futurock y recordó que existen canales para realizar denuncias anónimas si se verifican casos de incumplimientos por parte de los empresarios.
Si bien dijo que las críticas de cámaras empresarias «son legítimas, algunos salen a declarar antes de analizar, por una cuestión de prejuicio».
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