Diputados de UxP repudiaron la «persecución institucional» contra el juez Ojeda por dar lugar a la cautelar contra la reforma laboral que interpuso la CGT

Diputados de Unión por la Patria presentaron un proyecto de resolución para exigir que el Consejo de la Magistratura desestime la denuncia del MEAB contra el juez Raúl Ojeda que suspendió más de 80 artículos de la Ley 27.802 de reforma laboral. La iniciativa advierte que el avance del expediente 67/2026 busca disciplinar a los jueces por el contenido de sus fallos y «amedrentar» a toda la magistratura.

Diputados nacionales de Unión por la Patria, entre los que se encuentran los de extracción sindical Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Carlos, Cisneros, José Gómez y Hugo Yasky más Kelly Olmos y Blanca Ozuna, presentaron un proyecto de resolución en la Cámara baja para expresar el «repudio» a la persecución institucional que, denuncian, se está llevando adelante contra el juez Nacional del Trabajo Raúl Horacio Ojeda.

El magistrado está en la mira del oficialismo y de entidades empresariales por haber dictado una medida cautelar que suspendió la aplicación de más de 80 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, a partir de una presentación de la CGT.

La ofensiva contra Ojeda se materializó a través de dos vías. Por un lado, el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), una entidad que, según denuncias periodísticas, está integrada por dirigentes y funcionarios libertarios como Patricia Bullrich y Florencia Arietto, presentó una denuncia penal por «abuso de autoridad» y un pedido de suspensión y remoción ante el Consejo de la Magistratura.

En paralelo, y con el impulso del oficialismo, la Comisión de Acusación del organismo avanzó en el expediente N° 67/2026, que ya fue abierto a prueba, a pesar de que la consejera Siley había presentado un dictamen para desestimar la causa de plano.

El proyecto de los diputados sostiene que los reproches formulados por el grupo de empresarios libertarios MEAB «versan, sin excepción, sobre cuestiones de interpretación y aplicación del derecho que son materia propia de la función jurisdiccional». En sus fundamentos, los legisladores son categóricos: «Las sentencias se discuten con recursos, y no con denuncias».

Asimismo, advierten que la apertura de un procedimiento disciplinario por el sentido de una resolución judicial produce un «efecto amedrentador sobre el conjunto de la magistratura», transmitiendo el mensaje de que fallar en contra de los intereses del poder político o económico de turno puede costarle el cargo a un juez.

La avanzada contra el magistrado generó un fuerte rechazo en el ámbito jurídico y sindical. El consejero Alberto Lugones defendió al juez en la sesión del 21 de octubre, argumentando que «el contenido de las sentencias […] no pueden ni deben ser atacados por vía de un intento de sanción o de remoción».

Por su parte, la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) emitió un comunicado en el que calificó la apertura del expediente como una «abierta e inadmisible intromisión sobre la función jurisdiccional» y exigió que se desestime la acción disciplinaria.

Con esta presentación, la oposición busca poner un freno a lo que considera un intento de disciplinamiento del Poder Judicial. Mientras el oficialismo y el MEAB insisten en que Ojeda se extralimitó en sus funciones por un fallo contrario a sus demandas, los diputados de Unión por la Patria, los abogados laboralistas y el propio juez defienden la independencia de la justicia y advierten que el caso sienta un precedente peligroso para el sistema republicano.

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