La Justicia distinguió entre indemnización y salario: un padre despedido recuperó $46 millones y retuvieron $18 millones para la cuota alimentaria

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Matanza confirmó que un trabajador despedido con una indemnización superior a los $65 millones puede disponer de más de $46 millones, mientras que $18 millones permanecen depositados como garantía para el pago futuro de los alimentos de sus dos hijos menores. El fallo establece que la indemnización tiene naturaleza resarcitoria y no remunerativa, por lo que no puede ser alcanzada automáticamente por las retenciones que se aplican sobre los haberes mensuales.

La resolución judicial puso fin a un conflicto que se originó cuando el dinero de la indemnización por despido quedó depositado en una cuenta judicial. La madre de los menores reclamó la totalidad de los fondos, argumentando que la sentencia que había fijado la cuota alimentaria contemplaba retenciones sobre todos los ingresos del progenitor, incluida la indemnización.

El trabajador, en cambio, sostuvo que ese dinero tenía una naturaleza indemnizatoria y no salarial, y solicitó que se le devolviera una parte para afrontar el período de desempleo y poder iniciar un nuevo proyecto laboral.

La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Matanza hizo lugar parcialmente al planteo del padre y confirmó la resolución de primera instancia. Los jueces determinaron que el trabajador podía recuperar $46.094.632,14, mientras que los $18 millones restantes continuarían afectados como garantía de las cuotas alimentarias futuras. La decisión no modificó ni extinguió la obligación alimentaria: el progenitor debe continuar pagando $1.500.000 mensuales, con actualización trimestral según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), y los fondos reservados podrán utilizarse para cubrir esos pagos mientras no cuente con una fuente estable de ingresos.

El punto central del fallo fue determinar si la indemnización laboral debía considerarse automáticamente alcanzada por las retenciones establecidas para el pago de alimentos. Los camaristas rechazaron la pretensión de la madre y explicaron que una indemnización por extinción del vínculo laboral tiene naturaleza indemnizatoria y no remunerativa: no constituye una contraprestación periódica por los servicios prestados ni un salario mensual. Por eso, distinguieron entre la retención de una cuota alimentaria sobre los haberes habituales del progenitor y la posibilidad de afectar una indemnización como garantía para asegurar el pago de las obligaciones futuras.

Para fundamentar su decisión, los magistrados recurrieron al artículo 550 del Código Civil y Comercial de la Nación, que autoriza a los jueces a disponer medidas cautelares para garantizar el pago de alimentos futuros, sean provisorios o definitivos. La norma permite que, ante la pérdida de la fuente laboral estable, se afecten fondos retenidos de la indemnización para asegurar la satisfacción regular de las cuotas alimentarias, sin que ello implique una modificación de la obligación original.

El fallo se inscribe en una línea jurisprudencial que, en los últimos años, ha abordado la tensión entre la protección del crédito alimentario y el derecho del trabajador despedido a disponer de su indemnización para atravesar el desempleo.