Trabajadores de Granja Tres Arroyos cortaron la Ruta 14, mientras el gobierno de Entre Ríos, activó ayuda alimentaria y convocó a audiencia el próximo lunes

Los trabajadores autoconvocados de la planta La China de Granja Tres Arroyos cortaron parcialmente la Ruta Nacional 14 en reclamo de salarios adeudados y la reapertura de la fábrica, cerrada hace más de dos semanas. La protesta ocurre en vísperas de la audiencia de conciliación convocada por para el próximo lunes en Paraná, donde buscarán acercar posiciones a la empresa y los sindicatos.

Operarios de la planta avícola La China, perteneciente a Granja Tres Arroyos SA, realizaron este viernes una protesta sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del acceso Haimovich, en Concepción del Uruguay. La manifestación, que incluyó la quema de neumáticos y la ocupación parcial de uno de los carriles, tuvo como objetivo visibilizar la crisis que atraviesa la empresa y exigir la continuidad de los puestos de trabajo.

Según denunciaron los empleados autoconvocados, la situación se ha vuelto insostenible: denuncian atrasos en el pago de los salarios correspondientes a la segunda quincena de abril y a todo el mes de mayo, además de problemas en la cobertura de la obra social y otros compromisos económicos. La planta se encuentra paralizada desde hace más de dos semanas, sin precisiones sobre una eventual reactivación, lo que genera una fuerte incertidumbre entre los cerca de mil trabajadores y sus familias.

Bajo la consigna “Unidos en la lucha”, los manifestantes remarcaron que la protesta fue organizada de manera independiente, sin responder a ninguno de los sindicatos del sector, aunque abierta a todos los empleados sin distinción de afiliación gremial.

En paralelo, el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, convocó a Granja Tres Arroyos S.A., al Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) y al Sindicato de la Carne a una audiencia de conciliación. El encuentro se realizará el próximo lunes 8 de junio a las 14 en la sede de la Secretaría, ubicada en calle Buenos Aires 166 de la ciudad de Paraná.

La medida busca acercar posiciones entre las partes en el marco del conflicto vigente. Esa audiencia podría ser determinante para conocer si existe una propuesta concreta que permita garantizar la reactivación de la producción y preservar las fuentes laborales en una de las principales plantas avícolas de la región.

Con margen de maniobra acotado, el intendente de Concepción del Uruguay, José Lauritto, busca amortiguar el impacto que tiene en la economía de su ciudad el cierre intempestivo de la empresa. Con ese objetivo, activó un plan de ayuda alimentaria para las 900 familias afectadas por la caída de la principal avícola de Entre Ríos. La decisión se materializó a través de un decreto aprobado por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante. La contención se concretará con la entrega, durante un mes, de un módulo alimentario por semana a cada familia afectada por la suspensión de actividades. La medida implica una erogación de $72 millones del presupuesto municipal.

La asistencia local complementa la dispuesta por el gobierno provincial de Rogelio Frigerio, que la semana pasada envió 850 bolsones de alimentos a los sindicatos para ser distribuidos entre las familias afectadas. Además, fuentes oficiales confirmaron que la Casa Gris evalúa alternativas para aliviar la carga en las facturas de luz de los afectados, con el fin de garantizarles la provisión de energía eléctrica ante la falta de pago que podría generarse por la crisis de ingresos. Una de las opciones contempla sumar a esas familias al subsidio de tarifa social por 90 días. La provincia implementará además una asistencia complementaria de alimentos cada 15 días, canalizada a través del Ministerio de Desarrollo Humano.

Reuniones con los dueños y el costo de la reactivación

Desde el comienzo del conflicto, el intendente Lauritto se involucró ante la gravedad de la situación, que impacta de manera directa en la economía local de una ciudad de unos 80 mil habitantes. Que mil de ellos queden desempleados, sin ingresos y con salarios atrasados significa un golpe directo que se calcula en unos $1000 millones menos de circulación. El mandatario local dialogó con los dueños de GTA, en especial con Joaquín De Grazia, y le pidió que salde sus deudas con los trabajadores. En la misma línea, en una reunión realizada el miércoles en Paraná, el gobernador Frigerio planteó a la empresa la necesidad de que rompa el silencio y dé certezas a las familias que quedaron sin empleo estable.

Mientras tanto, fuentes cercanas al conflicto advierten que la reactivación de la planta tiene un costo aproximado de entre siete y ocho millones de dólares, contemplando que esa inversión sería solo para reiniciar el circuito biológico, es decir, para comenzar a criar los pollos que ya no existen. Ese monto cubriría apenas un turno laboral y no contempla las abultadas deudas que la empresa arrastra, que superan los $51.000 millones, ni los juicios y acreedores, entre los que se encuentran tanto la provincia como el municipio. Ambos levantaron embargos para destrabar el acceso a cuentas bancarias y liberar pagos a los trabajadores, aunque la incertidumbre sobre el futuro de la compañía persiste. La atención sigue puesta en la audiencia del próximo lunes, prevista como un nuevo capítulo clave en la búsqueda de una salida al conflicto.