La Justicia laboral de La Matanza cuestionó la legalidad de los bloqueos y habilitó el despido de un trabajador

El Tribunal del Trabajo N° 3 de La Matanza rechazó la demanda de un operario despedido tras participar en una protesta frente a la empresa Química Rame por una disputa gremial y estableció un precedente grave: la obstrucción física de una planta no está amparada por el derecho de huelga ni por el artículo 14 bis de la Constitución ni por el Convenio 87 de la OIT. Los jueces diferenciaron el piquete del bloqueo y advirtieron que este último excede la protección constitucional.

El Tribunal del Trabajo N° 3 del Departamento Judicial de La Matanza dictó un fallo que sacude los cimientos del derecho de protesta en la Argentina y que se convierte en un precedente directo para las empresas que enfrentan conflictos gremiales con toma de instalaciones. La sentencia rechazó la demanda de un trabajador de la empresa Química Rame, ubicada en Villa Luzuriaga, que reclamaba indemnización por despido y protección sindical tras haber participado en un supuesto bloqueo a la fábrica en enero de 2022. Los jueces Pedro Romano, Hernán Busetti y Marcelo Molaro consideraron que la empresa tuvo razones válidas para despedirlo y que el operario no cumplía los requisitos legales para gozar de fueros gremiales, al haber sido electo en una elección que calificaron como fraudulenta.

El conflicto se originó en la disputa entre el Sindicato de Químicos de Avellaneda y el Sindicato de Químicos del Conurbano Sudoeste por la afiliación de diez de los veintinueve empleados de la planta a la primera organización. El bloqueo, que se extendió por diez días e impidió el ingreso y egreso de personas y bienes, incluyó elementos repetidos en una protesta: activistas, bombos, redoblantes, neumáticos quemados, pintadas y pancartas, además de insultos dirigidos a los dueños de la empresa.

Uno de los ejes centrales del fallo fue la distinción doctrinaria entre el piquete y el bloqueo. Los magistrados citaron jurisprudencia especializada para señalar que el bloqueo consiste en la interposición de obstáculos físicos, personas, vehículos, neumáticos en ignición, vallas, en los accesos a una empresa, con el fin de impedir tanto la entrada como la salida de personas y mercancías. Esa obstrucción coactiva lo diferencia del piquete, que solo busca disuadir el ingreso de trabajadores mediante información y persuasión. «La acción de bloqueo configura una vía de hecho de carácter obstructivo del establecimiento que, por lo tanto, no puede homologarse a las huelgas ni considerarse una especie legítima de acción sindical», advierte el fallo.

En su tramo más categórico, el tribunal dictaminó que «el bloqueo no encuentra amparo en ninguna norma del ordenamiento jurídico nacional ni internacional», y aclaró que no está protegido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional ni por el Convenio 87 de la OIT. Los jueces explicaron que, si bien el artículo 3 de ese convenio proclama que las organizaciones de trabajadores gozan de libertad para formular su programa de acción, el artículo 8.1 establece que los trabajadores y sus organizaciones están obligados a «respetar la legalidad». Asimismo, señalaron que la doctrina de los órganos de control de la OIT preserva la libertad sindical individual negativa de los trabajadores no huelguistas y su libertad de trabajo, como límites que no pueden traspasarse mediante métodos violentos como el bloqueo de un establecimiento y la consecuente prohibición de ingreso.

El fallo de La Matanza contrasta de manera directa con otras resoluciones recientes que habían avalado medidas de fuerza con toma de instalaciones, como la absolución del dirigente de Camioneros Maximiliano Cabaleyro en San Nicolás, donde el juez consideró que el bloqueo a una pyme había sido parte del «legítimo ejercicio de un derecho». La abogada de la empresa Química Rame, la mediática senadora bonaerense Florencia Arietto, celebró la sentencia y la calificó como «un fallo muy importante», y que ahora la Justicia laboral había establecido un criterio claro sobre los límites del derecho de huelga.