Sin acuerdo por los despidos, el conflicto entre Conarpesa y el sindicato de Alimentación se dirime en la Justicia

La disputa entra en una nueva etapa luego de que la empresa de alimentos Conarpesa recurriera la desestimación de la denuncia penal por la protesta del 15 de julio, mientras el Sindicato de la Alimentación (STIA) sostiene el reclamo por la reincorporación de los 39 trabajadores despedidos. En paralelo, la planta en Rawson comenzó a procesar langostino.

El conflicto entre el Grupo Conarpesa y el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) llega a este martes sin un principio de acuerdo. La salida de la instancia administrativa, tras el vencimiento del último cuarto intermedio dispuesto por la cartera laboral, deja abiertas todas las posibilidades de acción sindical y judicial. El gremio se mantiene firme en su reclamo de reincorporar a la totalidad de los 39 trabajadores de temporada despedidos, mientras que la compañía sostiene la validez de las cesantías y avanza con su estrategia para que la Justicia revise la denuncia penal que presentó luego de la protesta del 15 de julio.

La disputa, que comenzó como un reclamo del STIA por la situación laboral y la inactividad en la planta de Puerto Madryn, se ramificó en frentes laborales y penales. El origen se remonta a aquel día, cuando un grupo de empleados de Agropez (firma del Grupo Conarpesa) y dirigentes del sindicato ingresaron a las oficinas administrativas durante una protesta. Según la denuncia de la empresa, unas 40 personas habrían ingresado aprovechando la apertura del acceso, permaneciendo en las instalaciones pese a los pedidos para que se retiraran, lo que obligó a la intervención policial. Sin embargo, el STIA sostiene que la protesta se desarrolló sin violencia ni daños materiales y que las cesantías fueron una consecuencia desproporcionada.

La denuncia empresarial tuvo una primera definición el 29 de julio, cuando la Fiscalía resolvió desestimarla. El argumento central fue que los hechos se produjeron dentro del marco de una protesta pacífica vinculada con el derecho constitucional de huelga, sin advertir una extralimitación que justificara la intervención penal. Pero Conarpesa recurrió la decisión ante el Juzgado de Garantías de Puerto Madryn, argumentando que existieron defectos de procedimiento y que la investigación no se profundizó lo suficiente. El pedido de nulidad busca que la denuncia no sea archivada y que se retome el camino penal, en un intento de sostener los argumentos que utilizó para despedir con causa a los trabajadores.

En paralelo a las negociaciones fallidas, la actividad productiva avanzó en otra de las plantas del grupo. La planta de Agropez en Puerto Rawson comenzó a operar la semana pasada tras el ingreso de los primeros desembarques de langostino, que habían sufrido demoras por condiciones climáticas adversas. La reactivación forma parte del esquema anunciado por el titular de la firma, Fernando Álvarez Castellano, para sostener la actividad mientras continúan las tareas de reforma y adecuación de la planta madrynense.

El fin de la conciliación marca el inicio de una nueva fase, donde el conflicto podría trasladarse con mayor intensidad al ámbito judicial. Así, el escenario queda planteado con dos frentes abiertos: la revisión de la denuncia penal, solicitada por la empresa, y la negociación por las fuentes laborales, donde el STIA insiste en la reincorporación de los trabajadores. Por ahora, ninguna de esas vías produjo una solución.