Scrum empresario que pone en duda el pago del bono de 60 mil pesos anunciado por el Gobierno: «Desde la Sociedad Rural no lo podemos afrontar»

Los presidentes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), y la Sociedad Rural Argentina (SRA) salieron a cruzar el bono de 60 mil pesos dispuesto por el Gobierno y lo calificaron de «imposición estatal». «Desde la Sociedad Rural no lo podemos afrontar», aseguró Nicolás Pino.

Hoy se publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia presidencial 438/2023 con el que se formalizó la asignación será otorgada «por única vez» para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, en Jurisdicciones y Organismos del Poder Ejecutivo Nacional y en el Régimen de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

El decreto firmado por todo el Gabinete nacional establece que la partida será abonada por los sujetos empleadores en dos cuotas de $ 30.000 con los salarios devengados en los meses de agosto y septiembre próximos.

En paralelo, los empresarios empiezan a sumar fuerza y sectores para rechazar el pago y abren un manto de duda sobre su aplicación efectiva.

Ayer fueron los presidentes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González; la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja; la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, y la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, los que rechazaron la imposición estatal.

González por su parte sostuvo que «la paritaria es la herramienta que tenemos los privados para tratar de hacer frente a la inflación». Además, afirmó que las pymes no están en condiciones de pagar el bono por la crisis del sector: «Las ventas minoristas vienen bajando desde hace un año. Esto afecta a las empresas pymes porque más del 75% de lo que se produce es para el consumo interno», dijo.

Grinman fue más allá: «el Gobierno no debe inmiscuirse en las relaciones entre privados porque genera distorsiones. No es lo mismo un comerciante en Santa Fe y Callao, donde circulan personas cada minuto, que uno de La Quiaca».

«No es el tema salarial un obstáculo. Entendemos la realidad laboral y las necesidades. El tema es que hay que ser muy cuidadosos porque no todos pueden cumplir», añadió Funes de Rioja.

Por último Pino reafirmó: «Desde la Sociedad Rural no podemos afrontar, como sector, el pago de ese dinero, más allá de la situación individual de cada productor».