Las empresas Rappi, Glovo y Pedidos Ya serán multadas por más de 170 fraudes laborales y todas las infracciones que eso conlleva. Pagarán entre 14 y 16 millones de pesos por cada trabajador que no se encuentre regularizado.
Como ya te adelantamos en InfoGremiales, a las través de inspecciones de oficio, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires encabezado por Mara Ruiz Malec relevó a más de 170 personas, en su mayoría hombres, que tienen una relación laboral con alguna de las empresas de reparto a través de aplicaciones. Sólo dos casos contaban con recibo de sueldo.
La mayoría tenían dependencia económica, no podían determinar cuánto ni cuándo cobran, tienen que usar la ropa con los logos de la empresa, tienen que seguir las indicaciones corporativas, no tienen libre elección de horarios, en parte, porque necesitan trabajar muchas horas para alcanzar un ingreso que les permita subsistir: «El 90% trabaja más de 7 horas por día, la mitad trabaja más de 9 horas por día y 7 de cada 10 trabaja los 7 días de la semana.», detalló Ruiz Malec a Fm La Patriada.
La ministra también mencionó que hay trabajadores que temen a la regulación pero «no tanto por poder disfrutar de su horario, como a veces se plantea desde una perspectiva que también es válida, que es que los trabajadores avancen hacia una jornada en la que tengan un poco más de libertad y elección, sino que más bien es la libertad de auto explotarse. Poder trabajar muchas, muchas horas para poder llegar a alcanzar un ingreso que se parezca a algo que les permita vivir.»
Ruiz Malec explicó que además no tienen la tan mencionada libertad para tomar o no los pedidos porque reciben sanciones si no los pueden tomar y que pueden ser bloqueados de la aplicación como «una manera de despedirte».
Las personas relevadas en su inmensa mayoría no tienen cobertura de ART, algunos se pagan su propio seguro de accidentes personales. «La precariedad absoluta», calificó la ministra.
Tras la presentación del informe de las inspecciones realizadas de oficio por la cartera laboral y la intimación a cada empresa para que explique su situación, tienen tres días para responder. Si no lo hacen, el ministerio tendrá que ir a cobrarse las millonarias sanciones que correspondan.
«Uno puede tener un contrato firmado pero lo que vale es cómo es esa relación de trabajo en realidad, nuestra legislación prevé este tipo de intentos de fraude laboral.», aclaró Ruiz Malec.
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