La CTA rechazó la carta documento que le dirigió el ministerio de Seguridad para intimarla al pago de una multa por protestar. La central aclaró además que es falsa la acusación vertida allí sobre supuestos hechos delictivos y le pidió reflexión al gobierno de Javier Milei.
La CTA de los Trabajadores que encabeza Hugo Yasky rechazó la intimación enviada por el Ministerio de Seguridad, por considerar que «carece de cualquier sustento legal, y que pretende disfrazar bajo la excusa de un “pago solidario” lo que en realidad es una extorsión a las organizaciones que representan a los trabajadores y trabajadoras y que pretende vulnerar la libertad sindical, el derecho de huelga y de protesta».
La central calificó de falsa la acusación de haber «incurrido en situaciones delictivas como se señala en las Cartas Documento enviadas». Aseguran que se trata de una mera «excusa para justificar “gastos operativos” durante la concentración del día 27 de diciembre en Plaza Lavalle», y que al contrario se trató de un evento «pacífico de derechos constitucionales llevados a cabo por parte de la población».
«Recordamos a la señora Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que conforme a la Constitución Nacional, los habitantes de la Nación Argentina, tienen el derecho a gozar de la protección de las normas, a la organización sindical, a negociar convenios colectivos y a ejercer el derecho de manifestación y de huelga», detallaron desde la CTA.
La central concluyó con un llamado a la reflexión al gobierno de Javier Milei «para que cese en su conducta discriminatoria y anti sindical tanto hacia la CTA y el resto de las organizaciones sindicales y por consiguiente, hacia los trabajadores y trabajadoras que cada una de ellas representan, un hecho que se hace visible a través de medidas persecutorias absurdas como las cartas documento que fueron enviadas a todas ellas».
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