Mientras incumple la ley de financiamiento y mantiene la presión sobre la Justicia, el Gobierno convocó a paritarias a los gremios de universidades

Se reúnen a las 11 en el Palacio Pizzurno. Por la medida cautelar, hace dos meses la gestión libertaria debería haber actualizado salarios docentes en otro 30%, pero no lo hace. Advierten que el Gobierno presiona a los jueces de primera instancia con su destitución a través del Consejo de la Magistratura.

El gobierno de Javier Milei convocó para hoy, martes, desde las 11 en el Palacio Pizzurno, a los representantes de las federaciones docentes Fedun, Fatun, Conadu, Conadu Histórica, y del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que agrupa a los rectores de más de 60 universidades de todo el país.

La reunión se da a casi un año de incumplimiento de la ley de Financiamiento, aprobada dos veces por el Congreso, promulgada y avalada por la Justicia y que obliga al gobierno nacional a actualizar fondos correspondientes a presupuesto, salarios y becas en las universidades.

Tras el aval a la cautelar, el gobierno debería haber recompuesto el salario de los docentes y NODOCENTES de las universidades en orden al 52% pero actualizó un 21%, con lo que resta completar la deuda salarial acumulada durante tres años.

“De acuerdo con la ley, falta recomponer un 30% de los salarios y creemos que ya no hay margen del lado del Gobierno para no cumplir la cautelar judicial de actualización salarial y becas estudiantiles”, expresó a Clarín Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA), que concurrirá a la reunión como representante de Fedun.

Se agudizará el conflicto si sigue el incumplimiento

En diálogo con el medio Clarín, agregó que “tenemos predisposición al diálogo” y aclaró que además de la recomposición que ordena la ley según la inflación acumulada desde diciembre de 2023, los docentes y no docentes deberán recibir un retroactivo desde el momento en que fue promulgada la ley.

La secretaria general de Conadu, Clara Chevalier, en tanto, consideró “muy contundente” el último paro nacional de 48 horas que convocó su federación el jueves y viernes pasado y se mostró escéptica de los resultados que pueda arrojar la paritaria del martes.

“Si este 1 de setiembre el Gobierno no salda la deuda con la Universidad y sus trabajadores, vamos a una agudización del conflicto”, afirmó.

La Ley de Financiamiento, judicializada ante la falta de cumplimiento del Gobierno, hizo ya todo su recorrido y la cautelar en favor de las Universidades quedó firme luego del fallo de la Corte Suprema del 25 de junio pasado, que rechazó el último recurso extraordinario del Gobierno, que puso a los abogados del Estado, en un hecho inédito, a litigar en contra de las Universidades públicas.

La última noticia de este saga fue la audiencia que convocó el juez federal en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick, el 21 de agosto, y que se interpretó como “una mediación”.

Es que, tras el fallo de la Corte de hace dos meses, el CIN reclamó al magistrado (Cormick fue quien otorgó la cautelar, y luego fue avalado por la Cámara de Apelaciones) la imposición de multas a los funcionarios responsables, desde el subsecretario Alvarez hasta el presidente Javier Milei. E intimar el delito de desobediencia.

Mediación

En esa audiencia y en forma adicional al reclamo por la cautelar, en representación de la UBA, el vicerrector Emiliano Yacobitti advirtió sobre la “grave situación presupuestaria” que atraviesan los hospitales universitarios y solicitó la asignación de los créditos contemplados en la Ley de Presupuesto 2026.

Las Universidades contaron que el Gobierno se comprometió a cumplir, pero al momento de dejarlo escrito y firmado en el acta, se negó. Y pretendía otra audiencia en los siguientes 30 días, “para seguir ganando tiempo” sin cumplir la ley, según denuncian.

Presionar a los jueces con su destitución, la estrategia del Gobierno para seguir incumpliendo

El abogado constitucionalista Pablo Manili, que encabeza la demanda contra el Gobierno en representación de los rectores nucleado en el CIN, contó días pasados a la agencia de noticias de la Universidad Nacional de Quilmes, que esperan despacho del juez Cormick por los pedidos de multas diarias y causa penal por desobediencia.

“El problema es que para un juez es complicado dictar una orden contra el presidente de la Nación y que no te la cumpla. Entonces, trata por todos los medios de ir llevando la causa de modo tal de que el Gobierno la termine cumpliendo sin que la sangre llegue al río… Hay que ponerse en los zapatos de un juez de primera instancia que ni siquiera es de la Corte Suprema”, analizó el abogado con crudeza.

Es decir que el gobierno nacional presiona a la Justicia con el poder que tiene para nombrar y echar jueces, y así se ganaría la impunidad mientras incumple la ley. Es que el Poder Ejecutivo puede nombrar jueces con la participación del Senado de la Nación y, en el caso de los tribunales inferiores, del Consejo de la Magistratura.

En esa audiencia el Gobierno volvió a pedir el levantamiento de la cautelar con el argumento de que “están pagando” la ley, apoyándose en que en mayo pasado hubo un acuerdo paritario y otorgó el 21%, más otro 3% para octubre. “El planteo es muy absurdo. Es como pedir que te levanten un embargo porque debías 10 pesos y ya abonaste 1. Afortunadamente, Martín Cormick dijo que no”, contó el abogado del CIN.

La Ley de Fondos, y su incumplimiento, impacta en el funcionamiento de las Universidades, en salarios, becas, situación de hospitales universitarios. Todo se financia del Presupuesto nacional. Están involucrados casi 2 millones de alumnos y más de 266 mil docentes y 65.000 no docentes. La Ley fue sancionada, vetada por Milei y en un hecho inédito en décadas, insistida por mayoría de dos tercios en cada una de las Cámaras del Congreso.

En este clima se llega a la paritaria de este martes, ya con los sueldos de agosto depositados, sin el 30% de incremento que correspondería. Hay versiones de que el Gobierno podría ofrecer saldar la deuda en tramos en los siguientes meses. Y también la versión contraria: que mantendrá la misma postura. Hay que ver si la Justicia toma entonces medidas para que su fallo se cumpla.