La Unión Industrial Argentina (UIA) pidió al Ministerio de Trabajo que declare la «esencialidad» de la actividad del Puerto de Rosario con el fin de movilizar las cargas, tras la paralización que se registra desde hace un mes por un conflicto laboral y por la decisión de una firma concesionaria de no acatar la conciliación obligatoria dictada por la cartera.
De acuerdo al monitoreo realizado por la entidad fabril, «al día de la fecha se mantiene inmovilizada la carga de más de 1.000 contenedores», algo que «perturba seriamente la operatoria de comercio exterior».
Mañana se realizará una nueva audiencia en la cartera laboral nacional, tras el fracaso del último encuentro entre las partes celebrado del martes, informaron esta tarde a Télam fuentes gremiales.
El Puerto de Rosario, que administra una concesionaria conformada por el grupo chileno Ultramar y la local Vicentin, está paralizado desde hace un mes por un conflicto laboral.
La controversia se originó cuando la delegación Rosario del Sindicato Unidos Portuarios Argentino (SUPA) reclamó reabrir la discusión paritaria y solicitó un aumento salarial que acompañe a la inflación.
El conflicto creció hasta que la concesionaria Terminal Puerto Rosario (TPR) despidió a 25 trabajadores, en medio de varias jornadas de huelga.
El 29 de diciembre pasado, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, pero TPR no acató la medida, por lo que las terminales continúan paradas.
Fuentes al tanto de las negociaciones le señalaron a Télam que las partes avanzaron con la reincorporación de 20 de los despedidos, y la cesantía de los 5 restantes con el pago de las indemnizaciones. Sin embargo, los despedidos no aceptan la medida y presionan al sindicato del sector.
Ante la continuidad del conflicto, la UIA expresó hoy que la falta de actividad «ha paralizado la carga y descarga de contenedores que se encuentran varados a la intemperie, afectando a las industrias que necesitan de los insumos de uso difundido, productos perecederos e incluso críticos allí contenidos, especialmente de los sectores alimenticio y farmacéutico».
«Además, dicha parálisis -de la terminal que es una de las vías principales del circuito logístico hacia el exterior- perturba seriamente la operatoria de comercio exterior, generando el doble perjuicio de impedir el abastecimiento local y el ingreso de divisas al país», afirmó la entidad fabril en el comunicado.
La UIA planteó también que «empresas argentinas -particularmente cerealeras, alimenticias, automotrices y exportadoras de electrodomésticos- tienen compromisos de ventas y plazos acordados con clientes del exterior a los que no pueden responder, generando paradas de producción, riesgos de pérdidas de mercados de exportación e incluso sanciones por el incumplimiento de los compromisos asumidos».
En procura de una solución al dilatado conflicto, la entidad que preside Daniel Funes de Rioja manifestó «la necesidad de liberar cuanto antes la carga inmovilizada».
Para eso, solicitó al Ministerio de Trabajo «se proceda a ‘declarar la esencialidad’ de dicha actividad para no continuar afectando las cadenas de valor y restablecer el abastecimiento de bienes a lo largo del país».
Sería interesante evaluar las implicancias legales de dictaminar la «esencialidad» que pide la UIA, para que no se transforme en un cheque en blanco que permita someter a los trabajadores y al gremio y les impida elevar cualquier tipo de reclamo frente a injusticias.
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