La justicia en lo contencioso administrativo de La Plata ordenó al gobierno bonaerense que se abstenga de ejercer cualquier hecho o acto que implique la supresión del derecho de huelga de los docentes bonaerenses y dejó sin vigencia los efectos de la conciliación obligatoria dictada por el Poder Ejecutivo que apelará la medida, informó el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas.
La medida, adoptada por el juez Luis Federico Arias, hizo lugar a un planteo interpuesto por el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTEBA) y la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) en el marco del conflicto salarial que mantienen los gremios bonaerenses con el gobierno.
Sin embargo, Villegas dijo a Télam que la conciliación dictada el pasado viernes luego que los gremios rechazaran la oferta salarial del gobierno «se hizo en los límites y con el alcance que la ley le confiere al Ministerio de Trabajo».
En el fallo, al que tuvo acceso Télam, Arias dictó una medida cautelar que limita las facultades del Ministerio de Trabajo «a formas voluntarias de autocomposición del conflicto, tal como lo prevé el art. 16 de la Ley 13.552».
Además consideró que para el caso de no arribar a un acuerdo de partes «la solución del conflicto deberá recaer en algún órgano imparcial que sea creado transitoriamente de común acuerdo y al solo efecto de resolver la negociación paritaria».
El magistrado sostuvo que «es dable advertir que la conciliación obligatoria, en el supuesto de autos, impediría el ejercicio del derecho a huelga, con la posibilidad de generar a sus afiliados un perjuicio que resultaría de difícil o imposible reparación ulterior».
Arias limitó las facultades del Ministerio de Trabajo y sostuvo que no puede dictar la conciliación obligatoria «teniendo en consideración que han transcurrido más de 22 años desde que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires consagrara la existencia del tribunal independiente» para resolver los conflictos.
Citó además que «también han transcurrido cuatro años desde que la Suprema Corte de Justicia provincial exhortara al Poder Ejecutivo y Legislativo para la creación del mismo órgano, plazos que exceden todo límite de razonabilidad temporal».
Lo dispuesto por el juez frustra el plan de sanciones que desde La Plata se pensaba disponer a los gremios docentes por no acatar la conciliación obligatoria y obliga a la gestión Vidal a negociar sin sanciones a las asociaciones sindicales.
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