El Gobierno celebró el «ayudín» de la Corte Suprema que ordenó aplicar la Reforma Laboral a causas en trámite al momento de su sanción

El Gobierno celebró la decisión de la Corte Suprema que ordenó aplicar el artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral también a los juicios laborales que ya estaban en trámite al momento de entrar en vigencia la reforma. El fallo establece un criterio común para actualizar las indemnizaciones y fija límites para el cálculo de los montos, en base a la tasa pasiva del Banco Central, el IPC y un interés anual del 3%.

El Gobierno celebró la resolución de la Corte Suprema, que ordenó aplicar el artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral 27.802 a los créditos laborales reclamados en expedientes que ya estaban abiertos al momento en que la reforma entró en vigencia. El fallo establece cómo deben actualizarse esas deudas en los juicios que todavía no cuentan con sentencia definitiva.

El Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, destacó el pronunciamiento y sostuvo que establece una pauta común para los tribunales. En un comunicado, la cartera afirmó que la resolución “contribuye a la seguridad jurídica” y permite resguardar el derecho de propiedad. Además, consideró que el nuevo criterio ayuda a mantener los costos indemnizatorios dentro de márgenes razonables.

El expediente llegó al máximo tribunal después de que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declarara inválidas las leyes 23.928 y 25.561 en los puntos que impiden actualizar monetariamente las deudas. En esa causa, la Cámara había resuelto aplicar el Índice de Precios al Consumidor (IPC), más un interés anual del 3%.

En su fallo, la Corte estableció que los créditos laborales correspondientes a procesos sin resolución definitiva deben ajustarse según las pautas de la ley 27.802. El mismo criterio se aplica a los recursos de queja que aún no obtuvieron respuesta judicial.

El artículo 55 establece que los jueces deben actualizar los créditos mediante intereses moratorios calculados con la tasa pasiva que fija el Banco Central de la República Argentina (BCRA). La disposición alcanza a los litigios sin sentencia firme y obliga a los magistrados y a las autoridades administrativas a aplicarla, tanto por iniciativa propia como a pedido de las partes.

Asimismo, la norma fija límites para evitar resultados extremos: el monto actualizado no puede ser superior al capital original más el ajuste por IPC y el interés anual del 3%, ni inferior al 67% de ese mismo valor de referencia.

Por tratarse de pautas de orden público, los jueces deben respetarlas obligatoriamente. Según sostiene el Gobierno, el fallo de la Corte permite unificar los criterios que hasta ahora aplicaban distintos juzgados y cámaras, los cuales arribaban a resultados dispares al actualizar las deudas laborales.