La Corte Suprema nacional entendió que la Cámara del Trabajo incurrió en una «reformatio in peius» al aumentar el monto de la indemnización sin que el propio damnificado lo hubiera solicitado, violando el límite de su competencia.
La Corte Suprema de Justicia revocó un fallo de la justicia laboral que había multiplicado una indemnización que debía pagar una ART a un empleado que sufrió un accidente, a pesar de que el propio trabajador no lo había reclamado. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti entendieron que la Cámara del Trabajo había colocado a la única apelante en una peor situación que la de la primera instancia, violando el principio de congruencia que rige el proceso judicial.
El caso se inició por la demanda de Sergio Pagani, un técnico electricista que en agosto de 2017 se cayó de una escalera mientras realizaba la instalación de un circuito de cámaras en una concesionaria de autos, golpeándose una rodilla contra el piso. Días después, una guardia médica le diagnosticó rotura de meniscos. En 2019, la Comisión Médica N° 10 determinó que el hombre presentaba una incapacidad laboral permanente parcial definitiva del 5%, pero el trabajador cuestionó esa evaluación judicialmente, afirmando que sufría mayores secuelas.
En primera instancia, el juez le dio la razón, reconoció un 16% de incapacidad y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a pagar una indemnización de 240.585 pesos más intereses. La ART apeló, pero la Sala II de la Cámara de Apelaciones del Trabajo desestimó el reclamo de la aseguradora y, por su propia cuenta, consideró que el monto era insuficiente. «Dicho importe no representa siquiera el 60% de lo que hoy sería el tope mínimo para el grado de minoración que presenta el demandante», argumentó la Cámara, y elevó la indemnización a 1.619.177,84 pesos más intereses desde 2022.
La ART apeló ante la Corte Suprema, argumentando que la sentencia era arbitraria porque, aun cuando el trabajador no lo hubiera solicitado ni apelado, la Cámara decidió aplicar un tope establecido por una resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de 2022, violando el principio de congruencia y el derecho de defensa. La aseguradora señaló que el fallo incurría en una «reformatio in peius», la regla que prohíbe al juez de segunda instancia empeorar la pena o el fallo inicial si quien apela es solo el condenado.
El máximo tribunal hizo lugar al reclamo de la ART. «La alzada ha colocado a la única apelante en una peor situación que la resultante del pronunciamiento de primera instancia, violando el límite de su competencia, circunscripto a las cuestiones controvertidas», sostuvieron los jueces. En consecuencia, la Corte revocó el fallo apelado y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento que se ajuste a los límites legales, dejando sin efecto el incremento millonario que la Cámara había aplicado por fuera de lo peticionado por el propio damnificado.
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