La Corte desautorizó a la justicia cordobesa y le hizo otro guiño a Milei en el cálculo de indemnizaciones: el art. 55 de la reforma laboral se aplica a todas las causas en trámite

La Corte Suprema nacional estableció que el artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral, con sus topes, pisos y la tasa pasiva del BCRA, debe aplicarse de inmediato a todas las causas en trámite sin sentencia firme. La decisión choca con el criterio del Tribunal Superior cordobés, que sostenía una aplicación diferida en el tiempo y preservaba las tasas locales para el período anterior a la reforma.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación cambió el rumbo que había tomado la Justicia de Córdoba, en línea con lo establecido por la ley libertaria respecto a indemnizaciones. A través de un fallo dictado el 5 de noviembre en la causa «Cabana Opanasiuk, Leonardo c/ Unir SA y otros s/ despido», junto a expedientes acumulados como «Ramírez», «Ramos» y «Romero», el máximo tribunal nacional estableció que, a partir de la sanción y entrada en vigencia de la reforma laboral bajo la Ley N° 27.802 («de Modernización Laboral») del 6 de marzo de 2026, debe aplicarse el cálculo estipulado en el artículo 55 de la norma, según informó Perfil.

La resolución, que contó con los votos de los únicos tres supremos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dejó sin efecto pronunciamientos de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que habían declarado la inconstitucionalidad de las leyes que prohíben la indexación (23.928 y 25.561) y dispuesto actualizar los capitales por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% anual. La Corte consideró que el dictado de la Ley 27.802 torna «inoficioso» expedirse sobre la validez constitucional de esas normas, y destacó que el artículo 55 establece pautas de orden público y de aplicación obligatoria para los juicios en trámite sin sentencia definitiva firme.

El criterio de la Corte es claro y establece tres puntos centrales para el cálculo: la tasa pasiva del BCRA como ajuste de intereses moratorios; un tope máximo que no puede superar el capital histórico más el IPC con un interés del 3% anual; y un piso mínimo que no puede ser inferior al 67% del cálculo obtenido mediante la pauta del IPC más el 3% anual. Con esta decisión, el máximo tribunal dispuso la devolución de las actuaciones al tribunal de origen para que se dicten nuevos fallos ajustados a los parámetros de la nueva ley.

La Corte Suprema desautorizó a la justicia cordobesa y le hizo otro guiño a Milei en el cálculo de indemnizaciones: el art. 55 de la reforma laboral se aplica a todas las causas en trámite

La resolución de la Corte Suprema colisiona de manera directa con el criterio que había fijado la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) en la causa «Manzanelli, Ana María c/ Martínez, Roberto Fernando – Ordinario – Despido», del 23 de septiembre de 2026. Con el voto del vocal Luis Eugenio Angulo, al que adhirieron Luis Enrique Rubio y Domingo Juan Sesín, el alto cuerpo cordobés resolvió que la Ley 27.802 no posee efecto retroactivo, estableciendo un criterio diferido: para los tramos devengados antes del 6 de marzo de 2026, se mantienen los intereses moratorios fijados por la jurisprudencia previa de la propia Sala Laboral (precedente «Seren»), mientras que para el período posterior resultan aplicables los intereses del artículo 55 de la ley.

El TSJ cordobés sustentó su razonamiento en el artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, que consagra la irretroactividad de las leyes salvo disposición expresa en contrario, y sostuvo que la expresión «para el período correspondiente» indica que la tasa pasiva se aplica únicamente sobre el tramo posterior a la vigencia del texto legal. Sin embargo, la Corte Suprema sostiene lo contrario: las reglas del artículo 55 son pautas unificadas de orden público de inmediata aplicación a todos los créditos de causas en trámite, sin distinción temporal.

La jurisprudencia de la Corte Suprema coloca ahora a los tribunales de Córdoba ante un nuevo escenario y abre un interrogante sobre si el TSJ deberá modificar el criterio que utilizó y que generó resistencia en el sector laboral. Mientras los abogados laboralistas advierten sobre el impacto de la decisión en los juicios en curso, la unificación del criterio a nivel nacional busca poner fin a la incertidumbre jurídica y garantizar la aplicación uniforme de la ley en todo el territorio, aunque el debate sobre la constitucionalidad del sistema de topes y la protección de los créditos alimentarios continúa abierto.