La Justicia busca compradores para Algodonera Avellaneda tras la quiebra: quiere tenerlos identificados antes de fin de año

El juez Fabián Lorenzini encabezó una audiencia con trabajadores, acreedores y empresarios para acelerar la venta de la textil Algodonera Avellaneda vinculada a Vicentin. La empresa tiene apenas $2 millones en cuentas bancarias y necesita inversiones urgentes para reducir costos energéticos y mantener la producción. Los contratos laborales quedaron suspendidos por 60 días y la prioridad es reunir fondos para pagar las indemnizaciones.

A poco más de una semana de que se declarara la quiebra de Algodonera Avellaneda, la Justicia busca acelerar su venta y pretende tener identificados a posibles compradores antes de fin de año. Así lo adelantó el juez Fabián Lorenzini durante una audiencia en la que participaron trabajadores, representantes sindicales, acreedores y empresarios que actualmente utilizan las instalaciones. El magistrado explicó que la intención es mantener la producción mientras se organiza la venta, aunque reconoció que la compañía atraviesa una situación económica delicada y necesita inversiones para reducir sus costos. “Queremos que la compre alguien que le dé vida y que la siga explotando de la mejor forma posible”, señaló Lorenzini, quien anticipó que tratarán de invitar a los interesados “antes de fin de año” para tener “más o menos perfilados quiénes pueden llegar a ser los compradores”.

La declaración de quiebra se produjo el 14 de octubre, después de que fracasara el proceso de salvataje porque no se presentaron interesados en adquirir la compañía. Ahora, la Justicia busca encontrar una alternativa que permita sostener la actividad y preservar la mayor cantidad posible de puestos de trabajo.

Durante la audiencia, el juez aclaró que todavía no está definido si se venderá toda la empresa o si se ofrecerán las unidades productivas por separado, y sostuvo que “es importante también que la empresa siga trabajando porque sigue siendo más atractiva operativa que cerrada”. Uno de los principales problemas planteados fue la necesidad de realizar inversiones para reducir el costo de la energía eléctrica, que afecta el funcionamiento de la planta de Reconquista.

Facundo Trigueiro, CEO de Insumos XXI, una de las empresas que utiliza las instalaciones mediante contratos de fasón, manifestó su disposición a continuar con la actividad, pero advirtió que es necesario mejorar la eficiencia de la fábrica. “Nosotros estamos en condiciones de seguir operando como fasón, siempre y cuando se respeten los precios que estamos pagando”, señaló.

Sin embargo, agregó: “Para que esto sea algo viable, hay que hacer una serie de inversiones para que sea eficiente, porque hoy es ineficiente”. Aclaró que todavía no existe un estudio que permita determinar el monto total de las inversiones, aunque durante la audiencia se estimó que la incorporación de nuevos compresores podría demandar entre US$100.000 y US$120.000, y se mencionaron alternativas como generadores a gas y modificaciones en los sistemas de refrigeración.

La sindicatura dio detalles de la crítica situación económica: al 15 de octubre la empresa tenía apenas $2 millones en sus cuentas bancarias, además de unos $104 millones en cheques y otros valores, y casi $93 millones pendientes de cobro. También había $32 millones en facturas pendientes de proveedores, además de las obligaciones con la Empresa Provincial de la Energía (EPE). Los síndicos explicaron que una operación bancaria que no pudo concretarse había demorado el pago de una quincena salarial. Otro de los puntos más discutidos fue la situación de los trabajadores suspendidos, que no están cobrando sus salarios: los representantes sindicales reclamaron definiciones y pidieron agilizar los trámites para acceder al fondo de desempleo. La sindicatura explicó que, tras la quiebra, los contratos laborales quedaron suspendidos pero no se extinguieron automáticamente, y que existe un período legal de 60 días para definir la situación del personal.

Para obtener recursos y afrontar las indemnizaciones, la Justicia pretende avanzar con la venta de bienes que no forman parte de la actividad productiva. Entre ellos se mencionaron un inmueble en la ciudad de Buenos Aires, cuya venta enfrenta un impedimento vinculado con una investigación penal, y un predio en El Colorado, Formosa. “Nuestro norte va a estar puesto en generar plata para pagarles las indemnizaciones lo antes posible y de la forma más completa posible”, afirmó Lorenzini, quien insistió en evitar el cierre de las instalaciones mientras se busca un comprador.

No obstante, aclaró que la continuidad de la actividad será transitoria y estará orientada a conseguir un mejor precio por los activos: “Queremos que con ese producido de esa venta del establecimiento se puedan mantener la mayor cantidad posible de fuentes de trabajo”, concluyó, según informó La Nación.