La Justicia Federal hizo lugar a la demanda del Consejo Interuniversitario Nacional y ordenó nuevamente que el Ejecutivo transfiera los fondos para salarios y presupuesto a las universidades.
La Justicia Federal declaró inconstitucional el decreto 759/2025 del Gobierno Nacional que frenó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795) y ordenó su cumplimiento inmediato.
Sancionada por el Congreso, la norma obliga a actualizar los salarios de docentes y nodocentes universitarios (según la inflación acumulada) y a recomponer los programas de becas estudiantiles.
El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick intimó al Poder Ejecutivo a cumplir de manera íntegra con la cautelar, otorgando nuevos plazos bajo apercibimiento de aplicar multas (astreintes) por incumplimiento
Fue luego que la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimara los recursos extraordinarios presentados por el Estado Nacional, dejando firme la obligatoriedad de aplicar los artículos 5 y 6 de la ley.
Fallo Histórico
Así, el Poder Ejecutivo no puede suspender de hecho la aplicación de una ley que ya fue votada y reafirmada por 2/3 de ambas cámaras del Congreso. La Constitución Nacional exige su cumplimiento inmediato.
Es por es que la medida determina la plena vigencia de la Ley 27.795.
“Se desarmó la trampa legal que pretendía usar la Ley 24.629 para congelar las partidas presupuestarias”, apuntaron desde los gremios.
Es que el fallo ratifica que el equilibrio fiscal no puede lograrse pasando por encima de la Constitución, la autonomía universitaria y los salarios de docentes e investigadores por lo que se debe dar prioridad al pago de haberes y al presupuesto universitario.
“Este triunfo judicial es fruto de la lucha en las calles, en las aulas y en las plazas de toda la comunidad universitaria”, apuntaron desde la gremial de docentes de la UBA (FEDUBA).
“Exigimos la reglamentación urgente de la ley y la actualización de nuestras partidas salariales”, reclamaron.
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