Mientras la Justicia define la validez de los despidos, FATE deberá seguir pagando los salarios

El Juzgado Nacional del Trabajo 17 elevó la apelación a la Cámara que ahora deberá resolver el fondo de la disputa. Se debate la legalidad del cierre de la planta de San Fernando. Mientras tanto FATE deberá seguir pagando los salarios de quienes no acordaron su salida.

La disputa judicial entre FATE y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) sumó un nuevo capítulo que representa un alivio para los trabajadores despedidos tras el cierre de la histórica planta de San Fernando.

El Juzgado Nacional del Trabajo N°17 resolvió elevar la apelación presentada en la causa a la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que ahora deberá pronunciarse sobre la cuestión de fondo: si el cierre de la fábrica y los 920 despidos deben ser considerados “ilegales, ineficaces e inexistentes”, como exige el gremio.

Mientras ese tribunal no emita una resolución definitiva, seguirá vigente la medida cautelar que obliga a la empresa a continuar pagando los salarios de los trabajadores alcanzados por el fallo.

La novedad fue comunicada por el secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, quien sostuvo que la resolución confirma que la empresa deberá seguir abonando los haberes hasta que exista una definición judicial sobre la legalidad de los despidos.

«El juzgado 17 acaba de elevar la apelación a la Cámara 2 para que decida si los despidos quedan definitivamente como ilegales, como ineficaces e inexistentes. Pero a la vez, el carácter en que eleva esta apelación es con la cautelar que paga los sueldos a todos los trabajadores decidida por la Cámara de Apelaciones en suspenso. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras resuelva la Cámara de Apelaciones continuará pagando el salario a todos los compañeros de FATE que vienen cobrando», afirmó Crespo luego de un abrazo simbólico a la fábrica.

El dirigente sindical agregó que el gremio también buscará ampliar el alcance de esa protección judicial. «Vamos a pedir que se extienda a los compañeros que aún no han llegado a este beneficio. Esto por un lado es un alivio económico justo para los trabajadores en lucha y, por otro lado, es una muestra clara del lockout patronal», sostuvo.

La decisión judicial prolonga una obligación que ya había sido establecida por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que a fines de marzo ordenó a la empresa cumplir con el acuerdo firmado con el sindicato en mayo de 2025, mediante el cual se comprometía a no despedir personal hasta mediados de 2026.

Sobre esa base, la Cámara dispuso que la empresa debía abonar los salarios adeudados y continuar pagando los haberes mientras se resolvía el litigio principal.

El conflicto se inició el 18 de febrero, cuando FATE, controlada por el empresario Javier Madanes Quintanilla, anunció el cierre definitivo de su planta industrial de San Fernando, una decisión que dejó sin empleo a 920 trabajadores.

La empresa argumentó que la actividad se había vuelto inviable por la pérdida de competitividad, el aumento de las importaciones, la caída de los precios internacionales y los elevados costos de producción.

Desde el sindicato, en cambio, sostienen que el cierre violó un acuerdo homologado judicialmente y califican la decisión empresarial como un lockout patronal, al considerar que la compañía decidió paralizar voluntariamente la producción para forzar el conflicto.

En los meses posteriores al cierre, la Justicia fue adoptando distintas medidas cautelares a favor de los trabajadores. Entre ellas se destacó un embargo cercano a $3.000 millones sobre bienes de la empresa por el presunto incumplimiento del pago de salarios y de resoluciones judiciales anteriores.