El Gobierno decidió que el Estado pague el costo de realizar despidos masivos en los peajes antes de entregarle las rutas a los privados

Para maximizar las ganancias de los privados, el Gobierno decidió que el Estado ejecute despidos masivos en las cabinas. Le habilitará la automatización a los privados. La estatal Corredores Viales echó a 120 trabajadores en la concesionada Ruta 226.

Semanas después de adjudicarle a un consorcio de empresas el control de un nuevo paquete de rutas y horas antes de darle el control a los privados, el Gobierno nacional avanzó con una tanda de despidos masivos en las cabinas de peajes donde las nuevas concesiones tienen previsto aplicar cobro automatizado.

Este martes, se conoció que la empresa estatal Corredores Viales -que al momento controla las rutas nacionales que está privatizando la gestión libertaria- desvinculó a 120 trabajadores que se desempeñaban en el tramo de la Ruta Nacional 226 que tiene como epicentro el peaje de Hinojo, en Olavarría.

Se dio previo a entregarle el manejo de esa traza por los próximos 20 años al consorcio de las constructoras Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco que, además, se quedó con el control de las rutas 3, 205 y la autopista Ricchieri y que planifica estaciones de cobro automático.

El Gobierno decidió que el Estado pague el costo de realizar despidos masivos en los peajes antes de entregarle las rutas a los privados

Más allá de eso, los despidos no solo alcanzan al personal que se desempeñaba en las cabinas, sino que también afecta a los trabajadores de las áreas de emergencia vial, grúas, soporte técnico, maestranza y balanza.

«Nos indemnizaron y el 30 de este mes nos vamos todos a nuestras casas» dijo un trabajador a Infoeme. La mayoría de los afectados son vecinos de Olavarría, donde el bloque del peronismo salió al cruce de la medida.

«Este hecho no es aislado: forma parte de una política que ya provocó más de 3.000 despidos en Olavarría durante la gestión de Javier Milei», acusaron los concejales de Fuerza Patria, que advirtieron que la privatización «no sólo pone en riesgo los puestos de trabajo actuales, sino que tampoco garantiza obras significativas en rutas».