La concentración será el 12 de mayo frente a la Casa Rosada y tiene como eje el reclamo para que el Gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. «Confluiremos los universitarios con todos los demás sectores de la sociedad que están viendo degradados sus ingresos y sus derechos por este Gobierno Neofascista», aseguró Daniel Ricci titular de los docentes universitarios agrupados en la FEDUN.
La comunidad universitaria definió hoy la fecha para la cuarta marcha federal en contra del gobierno de Javier Milei. Será el próximo 12 de mayo e irán a Casa Rosada. Una vez más, convocaron a la sociedad civil a movilizarse en defensa de la universidad pública. El eje de esta marcha es el reclamo para que la administración nacional cumpla la Ley de Financiamiento Universitario.
La Federación Universitaria Argentina (FUA), en conjunto con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Gremial Universitario, convocaron “a la comunidad estudiantil, docente, nodocente y a la sociedad”.
«Convocamos a todos los argentinos a participar de la marcha en defensa de la Universidad Pública y la democracia. Reafirmamos la palabra democracia porque estamos frente a un Gobierno que nol cumple con la Ley de Financiamiento Universitario y con otras leyes», le dijo Daniel Ricci el titular de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) a InfoGremiales.
Y añadió: «La Universidad Pública es demasiado importante para ser sólo los universitarios, es de todos los argentinos. Confluiremos los universitarios con todos los demás sectores de la sociedad que están viendo degradados sus ingresos y sus derechos por este Gobierno Neofascista».
El Gobierno, por su parte, ya dejó en claro que está dispuesto a llevar su postura hasta la última instancia para evitar cumplir la norma sancionada el año pasado. En ese camino, recurrió a la Corte Suprema al presentar un recurso extraordinario para no actualizar los salarios docentes ni los programas de becas, tal como le ordenaron dos fallos judiciales.
El Ejecutivo insiste en que la norma no prevé en forma expresa su financiamiento y señala que “afecta la estabilidad económica y la macroeconomía del país”. Marca que, según un informe del Ministerio de Economía, cumplir con la ley requeriría reasignar el 90,3% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado al financiamiento exclusivo de las universidades.
Implicaría “una parálisis significativa del funcionamiento de los tres poderes del Estado, como, por ejemplo, la suspensión del patrullaje de las fuerzas federales en las calles de la ciudad de Rosario, la suspensión en la provisión de alimentos en las cárceles federales, o el cierre de todos los juzgados federales, la Corte Suprema de Justicia, y el cierre de ambas cámaras legislativas”.
A su vez, solicitaron que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, se excusen de votar en este expediente por tener cargos docentes vigentes o en licencia. La ley de medidas cautelares contra el Estado, aprobada por iniciativa de Cristina Kirchner, cuando los jueces jaqueaban sus medidas de gobierno, señala que la sola apelación de una cautelar mediante un recurso extraordinario suspende la medida, con lo que en el Gobierno señalan que, con la sola presentación de este escrito, no les corresponde pagar.
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