(Por Eduardo Porto @periferiacts) Ayer viernes vencía el plazo legal que lo obligaba a transferir $2.5 billones a las universidades para recomponer salarios y presupuesto. Rectores, gremios, estudiantes, docentes y nodocentes ya organizan una movilización masiva. Ya son 17 meses consecutivos de derrumbe salarial.
El Gobierno nacional llevó a la Corte Suprema su reclamo para no cumplir con la ley que lo obliga a aplicar inmediatamente la norma y actualizar los salarios y los programas de becas.
El pedido ante el máximo tribunal es para evitar el pago de $2.5 billones a las universidades nacionales, a partir de una ley que fue aprobada en el Congreso en octubre de 2025.
Así, el gobierno eludió lo que le ordena la Ley de Financiamiento Universitario votada a fines de 2025 que es recomponer salarios y presupuestos de las 60 universidades nacionales.
Los rectores, docentes, nodocentes y estudiantes nucleados en el Frente Sindical de Universidades ya anunciaron que convocarán en mayo a una movilización masiva de toda la sociedad para masificar el reclamo por salarios y presupuesto.
La pérdida salarial de docentes y nodocentes
En 2025 la pérdida salarial fue de 35 puntos contra la inflación en términos salariales para los docentes y los trabajadores nodocentes, pero la caída más pronunciada fue en 2024 cuando la inflación fue del 118% y los salarios subieron 0 (si, cero).
Para ponerlo en más números, son 141 puntos lo perdido contra la inflación en dos años de la gestión libertaria, una cifra que equivale a haber trabajado sin cobrar durante siete de los 24 últimos meses. La debacle salarial lleva ya 17 meses ininterrumpidos de pérdida frente a la inflación, una situación insólita.
Derrumbe presupuestario de las universidades
Por su parte, el recorte de los gastos para que las universidades funcionen (gas, luz, agua) ya es del 45% en dos años y ese es el otro foco del reclamo.
La solución que buscó el gobierno nacional, en principio, mientras el conflicto escala, es una ley propia de financiamiento universitario que recompone apenas 12% de lo perdido en 2025 (cuando la inflación fue del 35% ) y cero del 2024, cuando la inflación fue del 118%.
La situación está al límite y ayer era el plazo para transferir los fondos a las casas de estudios superiores, pero ahora el gobierno nacional dilató algunos días más la crítica situación.
La nueva dilación del gobierno de Javier Milei
En ese contexto, la Procuración del Tesoro presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante el fallo de la Cámara III en lo contencioso administrativa que obligaba al gobierno de Javier Milei a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.
El Gobierno hizo este pedido poco antes de que venciera el plazo legal para que el envío de 2.5 billones de pesos a las 56 universidades nacionales.
La apuesta pasa por no transferir fondos a las casas de estudio hasta que se expida el máximo tribunal de Justicia, porque, argumentan, la normativa que se sancionó es inconstitucional «al no determinar de dónde salen los recursos» para solventar a las universidades. Ese argumento es el que la cámara Contencioso Administrativo consideró «absurdo», y ahora se espera la resolución del máximo tribunal.
Paralelamente, el oficialismo prometió trabajar en la sanción de una nueva ley, aunque todavía no están asegurados los respaldos en el Parlamento para dicha normativa. En el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aseguran que las transferencias a las universidades públicas cayeron un 45,6 por ciento desde el 2023 hasta la actualidad.
Un gobierno reo de la Justicia y el Congreso frente a las universidades
La Ley de Financiamiento Universitario 27.795 fue aprobada por el Congreso de la Nación el 2 de octubre de 2025, posteriormente vetada por el presidente Javier Milei y luego ratificada en ambas Cámaras con los dos tercios de los votos requeridos.
Ante el incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo y la presentación de una medida cautelar de la Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Justicia ordenó al Gobierno Nacional cumplir de forma inmediata con los fondos para las universidades.
El fallo del juez Martín Cormick fue respaldado por La Cámara Contencioso Administrativo Federal, que rechazó los recursos presentados por el Gobierno.
De esta forma, el Gobierno Nacional deberá aplicar de manera “inmediata” la Ley 27.795, de Financiamiento Universitario, que se había aprobado en el Congreso.
En la misma línea, también se desde la comunidad universitaria se exigió la recomposición salarial docente y no docente, desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, en septiembre de 2025 junto a la actualización de las becas.
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