Triaca y Canicoba no se rinden y buscan artilugios para retener la caja del SOMU

Otro pacto político judicial. Eso es lo que se está gestando en estos momentos para eternizar la, ya escandalosa, intervención del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) que no deja de sumar episodios oscuros.
En las últimas horas se supo que se acordó entre el Juez Federal, Rodolfo Canicoba Corral, y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, designar como interventor del gremio más importante del sector marítimo a Silvio Torres, quien actualmente se desempeña como responsable de tesorería del gremio intervenido.
El nombramiento, pactado entre cuatro paredes por Canicoba y Triaca, desobedece a la propia Cámara Federal que ordenó el cambio de mando y los obligaba a designar a un profesional competente de la nómina del Colegio de Abogados. Justamente la Cámara pretendía evitar las incompatibilidades como las que ya se vivieron puertas adentro de la intervención. Algo que evidentemente tratan de desconocer.
Pero no sólo en el nombre del responsable hay desacato. Ambos acordaron usar un tecnicismo que les permita estirar la intervención, pese a que el espíritu y la letra del fallo de la Cámara establece que el 16 de agosto el gremio debe volver a manos de los afiliados, representados por las nuevas autoridades.
Sin embargo Triaca y Canicoba diseñan un plan para posarse arriba de la caja del gremio. La idea que ya se escucha por los pasillos del sindicato, y que pudo conocer InfoGremiales, es que el magistrado culmine la intervención en la fecha dispuesta por la Justicia y en ese momento comience la «normalización» de Triaca.
Para encarar la insólita normalización de la normalización, el elegido es un hombre de confianza de Triaca Jr. Se trata de Alejandro «Serrucho» Gómez, virtual operador del ministro en el gremio de los marítimos, con un pasado más que convulsionado y tumultuoso en el mundo sindical.
Serrucho está lejos de ser un impoluto para la tarea. Más bien se trata de un cuestionado ladero del ministro, al que hace unas semanas le ordenaron desprenderse de él por la ley de ética pública. Es que salió a la luz el prontuario de Gomez quien está procesado e imputado en causas gravísimas de violación, violencia de género y tráfico de drogas, como fuera publicado por Diario Perfil.
Si los artilugios políticos judiciales prosperan, Triaca y sus socios se aseguran mantener para sí una de las cajas más jugosas del sindicalismo argentino, al menos por unos meses más.
Desde varios sectores, y todas las agrupaciones del SOMU que ya se alistan para ir a las urnas y definir democráticamente el futuro del gremio, advirtieron que denunciarán esta maniobra por los distintos delitos en lo que están incurriendo tanto los funcionarios judiciales, como los del ejecutivo.
De fondo se agrava la situación de abandono de los trabajadores de la actividad que ven ven vulnerados sus derechos. El deterioro salarial y el retroceso en las condiciones laborales no tienen precedente en el pasado cercano de los marineros.