Trabajadores del INTA denuncian un plan de desguace institucional y temen la inminente clausura de la Estación Experimental Agropecuaria

Ante la inminente publicación de un decreto que habilitaría despidos masivos y el cierre de unidades clave, trabajadores del INTA denuncian un plan de vaciamiento impulsado por el Gobierno nacional y convocan a la movilización para defender el rol estratégico del organismo en la ciencia y la producción agropecuaria.

Los trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) manifestaron su firme rechazo a lo que consideran un “plan de desguace en marcha”, en el marco de una serie de medidas impulsadas por el Gobierno nacional que, según denuncian, apuntan al vaciamiento del organismo, despidos y cierre de unidades estratégicas en todo el país.

La alerta se disparó tras conocerse ayer que el Ejecutivo se encuentra próximo a publicar un decreto que habilitaría una reestructuración profunda del INTA, acompañado por la cesación de todas las becas vigentes y una ola de despidos masivos. Según trascendidos, la iniciativa —impulsada por el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger— implicaría la salida inmediata de entre 800 y 850 trabajadores fuera de planta permanente, con el objetivo de alcanzar los 1.500 desvinculados en una segunda etapa, a través de retiros voluntarios.

“Este decreto apunta a vaciar al INTA y dejarlo en manos del negocio inmobiliario rural y urbano”, advirtió José Perea, delegado de ATE en INTA Castelar, donde se convocó una asamblea urgente para este jueves, con el fin de organizar una movilización nacional en defensa del organismo.

El eje de la preocupación es un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que habilita la intervención del INTA y una reestructuración institucional profunda. La iniciativa abriría las puertas a una eventual venta de activos, una reducción drástica del personal y, potencialmente, la fusión del instituto con otros organismos del sistema científico-tecnológico nacional, como el INTI y el CONICET.

Desde el INTA advierten que el proceso se enmarca en una estrategia gubernamental que busca, según sostienen, “demoler la soberanía tecnológica” del país. En ese sentido, señalan que las facultades delegadas otorgadas al Ejecutivo por el Congreso el año pasado —y próximas a vencer— han servido como instrumento para avanzar con decretos que modifican de manera sustancial el funcionamiento del Estado.

Una de las situaciones más críticas se registra en la Estación Experimental Agropecuaria INTA AMBA, cuya clausura definitiva estaría próxima a concretarse. Aunque la decisión política del cierre había sido anunciada en febrero, aún no había resolución oficial. “Seguimos trabajando en los territorios en un marco de incertidumbre”, sostienen desde la unidad, que brinda apoyo técnico y territorial al cinturón florifrutihortícola más grande del país.

De confirmarse el cierre, los trabajadores temen ser pasados a disponibilidad, con el consiguiente riesgo de despido. Esta medida formaría parte de un plan más amplio que contempla el cierre de hasta 300 oficinas del INTA en todo el territorio nacional, trasladando la responsabilidad del sistema de extensión a los gobiernos provinciales.

Ante este panorama, los trabajadores del INTA se declararon en estado de alerta y movilización, y aseguran que han intensificado la organización interna y el trabajo conjunto con otros sectores afectados. En las últimas semanas, se han sumado a diversas manifestaciones y protestas en defensa del sistema público de ciencia y tecnología.

“El trabajo que realizamos es parte de los derechos de la sociedad. No sobra nadie en el INTA”, afirmaron en un comunicado. Y concluyeron con una consigna clara: “Frenemos el cientificidio ejecutado por el gobierno de Milei”.