Rectores avanzan en la justicia penal para embargar los salarios de los funcionarios libertarios por no cumplir con el Financiamiento Universitario

Por Eduardo Porto (@periferiacts) – Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentaron el «incidente de ejecución» como instancia previa a «criminalizar» el incumplimiento a transferir los fondos presupuestarios y salariales para las universidades.

Los rectores que integran el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) dieron el primer paso del proceso judicial para avanzar hacia la intimación penal de los funcionarios del gobierno por incumplir con la transferencia de los fondos a las universidades exigido por la Ley de Financiamiento Universitario que votó el Congreso a fines de 2025.

La semana pasada, el CIN presentó el «incidente de ejecución«, un recurso que se configura como el paso previo a la demanda penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el Secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el Subsecretario de Políticas Universitarias (SPU), Alejandro Álvarez.

Incumplimiento del Gobierno

La medida se deriva del incumplimiento manifiesto del gobierno nacional a la ley vigente de Financiamiento Universitario que exige recomponer los fondos que las casas de estudios superiores necesitan para funcionar, pero también de los recursos para el pago de los salarios que representan alrededor del 90% de los fondos totales de las universidades públicas.

Para tener noción de la pérdida de fondos en las universidades hay que mencionar que desde fines de 2023 el derrumbe presupuestario llega al 45% puesto que el gobierno transfirió algo más de la mitad de los fondos necesarios para gastos de funcionamiento (luz, gas) y para becas de investigación.

Por su parte, en términos salariales, la pérdida es descomunal. Los docentes y Nodocentes de las casas de estudios superiores perdieron 141 puntos contra la inflación desde la asunción de Javier Milei.

La propuesta del gobierno nacional para resolver un conflicto que escala políticamente es recomponer con su propia ley libertaria de financiamiento un 12,1% de lo perdido en 2025 (cuando la inflación acumulada del año fue del 35%) y 0% (si, cero porciento) de lo perdido en 2024, cuando la inflación fue del 118%.

Hacia la intimación penal contra los funcionarios del gobierno

Así es que los rectores avanzan en una doble estrategia judicial y social. Con una cuarta Marcha Federal Universitaria ya convocada para el 12 de mayo, la semana pasada presentaron el «incidente de ejecución» días antes de la apelación del gobierno ante la Corte Suprema, por el fallo en segunda instancia de la Justicia a favor del reclamo de las universidades.

Según le explicaron fuentes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) a Periferia, el recurso es «un paso previo a demandar penalmente por incumplimiento de deberes de funcionario público a los funcionarios del gobierno nacional, con foco en Sandra Pettovello, Carlos Torrendell y Alejandro Álvarez.

Otra alta fuente del CIN, le explicó a este medio que la medida intima al Poder Ejecutivo a dar inmediato cumplimiento de la Ley, «enviando a cada universidad la partida presupuestaria que le corresponde, incrementada del modo que se ordenó en la cautelar».

La presentación del recurso ordena al Gobierno cumplir la medida «bajo apercibimiento de la fijación de astreintes o de una multa diaria por cada día de retraso (en la transferencia de los fondos); y da parte a la justicia en lo criminal para que se investigue la posible comisión del delito de desobediencia, establecido en el artículo 239 del código penal.

En rigor, el recurso tiene sus limitaciones puesto que es una intimación cuyo techo es el 25% del salario de los funcionarios y la finalidad es la penalización por negarse a cumplir la ley, pero que en definitiva no resuelve (desde ya) el problema de fondo que es el desfinanciamiento del sistema universitario con la pretensión clara del gobierno de avanzar hacia el arancelamiento de las casas de estudios superiores públicas.

Una alerta para embargar las cuentas de los funcionarios libertarios

Esta semana, desde el juzgado federal que conduce Martín Cormick, quien falló en primera instancia en favor del reclamo presupuestario y salarial de las universidades para que el gobierno de Javier Milei cumpla con la ley de Financiamiento Universitario, instaron a que los rectores de las universidades reclamen el embargo de las cuentas de los funcionarios del gobierno luego de la decisión judicial.

Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, ordenó al Gobierno Nacional, en diciembre de 2025 y ratificado en 2026, ordenó cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, exigiendo la actualización de salarios docentes y no docentes y becas, suspendiendo decretos oficiales.

El embargo de las cuentas de los funcionarios es un recurso de la ley ante el incumplimiento de una ley por parte de los funcionarios de un gobierno pero que hasta el día de hoy los rectores no utilizaron.

«Los rectores podrían ir más fuerte»

Eso es lo que sucedió con la ley de Financiamiento Universitario que se aprobó en las dos cámaras del Congreso, que se vetó, se rechazó el veto, se promulgó, pero que igualmente se incumple. “Los rectores podrían ir más fuerte“, sugerían en los pasillos del juzgado, por lo que se espera que sucederá en las próximas horas al respecto.

El fallo en segunda instancia ordenó aplicar de manera “inmediata” la ley que actualiza los fondos universitarios, calificando de “perjuicios graves de imposible reparación ulterior” la pérdida salarial.

Así, la justicia confirmó la medida cautelar, rechazando los argumentos del Gobierno sobre el impacto fiscal, estimado en $2,5 billones por el Ejecutivo.

El escenario de la penalización es un recurso extremo, y es por eso que los rectores apuestan a la sensibilización de la sociedad como estrategia más firme, teniendo en cuenta que el gobierno nacional avanza con otro proyecto propio de financiamiento en el Congreso que recupera apenas un 12% del salario y el presupuesto de 2025 (cuando la inflación fue del 35%) y 0 (sí, cero) de 2024, cuando la inflación fue del 118%.