Tras la reglamentación de la reforma laboral, el Gobierno de Milei habilita la renegociación de todas las condiciones laborales de los convenios

Mediante el Decreto 407/26, el Ejecutivo pone fin a la prórroga automática de los convenios paritarios llamada ultractividad y otorga un plazo de un año para renegociar todas las condiciones laborales. La central obrera advierte sobre una «conflictividad importante» y ya presentó una queja en Ginebra.

El gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su plan de transformación del mercado laboral argentino. A través de la reglamentación de la reforma laboral sancionada en marzo por el Congreso, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto 407, que elimina la prórroga automática de los convenios colectivos de trabajo y obliga a sindicatos y empresas a renegociar masivamente todos los acuerdos en un plazo máximo de un año.

La medida, que ya generó alerta en el arco sindical y entre especialistas, establece en su artículo 4 que la secretaría de Trabajo, conducida por Julio Cordero, considerará formalmente vencidos todos los convenios cuya vigencia original haya expirado. Para aquellos acuerdos antiguos que no consignan fecha de vencimiento, el Gobierno fijó como límite el 31 de diciembre de 2026. A partir de un mes de la publicación del decreto, las partes dispondrán de exactamente un año para discutir nuevas condiciones.

Uno de los puntos más polémicos faculta a la secretaría de Trabajo a suspender la homologación de los acuerdos si considera que no se avanza en la renegociación. Abogados laboralistas advierten que esta cláusula podría convertirse en una «paritaria especial encubierta», permitiendo al Estado usar la presión del vencimiento para imponer topes salariales o forzar revisiones a la baja de adicionales, antigüedad y jornadas laborales.

La respuesta de la Confederación General del Trabajo (CGT) se vio en la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, donde la central obrera formalizó una denuncia contra el Estado argentino por violación de los convenios 87 y 98, que garantizan la libertad sindical y la soberanía de las partes en la negociación colectiva.

“Advertimos con preocupación que el Poder Ejecutivo pretende avanzar sobre derechos, instituciones y garantías que forman parte del sistema de relaciones laborales”, expresó la conducción en un comunicado.

Gerardo Martínez, titular de la UOCRA y enviado de la CGT a Ginebra, calificó la medida como «una intromisión que rompe la soberanía de las partes» y aseguró que el interés del Gobierno excede lo aprobado por el Congreso. En la misma línea, Héctor Daer alertó que, de generalizarse los reclamos empresarios de caducidad, se abrirá «una conflictividad importante» que terminará inevitablemente en la Justicia.

El impacto ya se siente en algunos sectores: varias cámaras del ámbito marítimo realizaron presentaciones formales denunciando el vencimiento de sus convenios para forzar una discusión desde cero.

El decreto no solo modifica las condiciones de trabajo, sino que también impacta en el financiamiento del sistema sindical. La reglamentación pone el foco en las cuotas solidarias: establece que los sindicatos percibirán el 2% de las remuneraciones y las cámaras empresarias el 0,5% de los aportes de afiliados y no afiliados dentro de una actividad.

Con este escenario, el mercado laboral argentino ingresa en un terreno de profunda incertidumbre. Mientras el Gobierno apuesta a una flexibilización de los viejos convenios para ganar competitividad, los sindicatos se preparan para resistir lo que consideran el mayor avance sobre sus estructuras y derechos en décadas.