El gobierno de Javier Milei liquidó las indemnizaciones de los empleados del corredor vial del Litoral en el marco del proceso de relicitación de rutas nacionales. El nuevo esquema prevé sistemas de cobro automatizado con código QR, lo que reduciría la necesidad de personal en las cabinas y dejaría a los trabajadores sin posibilidad de retorno.
El proceso de privatización y relicitación de los corredores viales nacionales que impulsa el gobierno de Javier Milei dejó en la calle a 150 trabajadores de las estaciones de peaje en Corrientes. La administración de La Libertad Avanza liquidó las indemnizaciones de todos los empleados que prestaban servicios en el corredor vial del Litoral, que incluye las estaciones del puente interprovincial General Belgrano, Riachuelo e Ituzaingó, sobre la Ruta Nacional 12. Los trabajadores afectados quedaron a la espera de definiciones sobre su futuro laboral en un contexto de creciente incertidumbre.
La preocupación de los exempleados no se limita a la pérdida del empleo. Los nuevos pliegos de concesión contemplan una mayor utilización de sistemas automatizados de cobro mediante código QR, una modalidad que reduciría drásticamente la necesidad de personal en las cabinas. Esta tecnología podría dejar sin reincorporación a los trabajadores actualmente desvinculados, profundizando el impacto social de la privatización en la provincia.
El avance de la privatización vial se formalizó este lunes con la publicación de la Resolución 1379/2026 del Ministerio de Economía en el Boletín Oficial, que adjudicó ocho tramos de rutas nacionales a empresas privadas por un plazo de 20 años. Los corredores, que abarcan más de 3.900 kilómetros distribuidos en 11 provincias, serán operados sin subsidios del Estado y financiados exclusivamente con el cobro de peajes. En el caso de Corrientes, el Tramo Litoral (Rutas Nacionales 12 y 16) fue adjudicado a JCR S.A. y Néstor Julio Guerechet S.A., con una tarifa base de $2.876,04 sin IVA.
La privatización generó fuertes críticas en la región. El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, expresó su «profunda preocupación» ante la posible instalación de un nuevo peaje sobre la Ruta Nacional 12 en la localidad de Puerto Rico, y advirtió que «resulta inaceptable imponer una traba más a quienes trabajan, estudian, comercian y producen». En Corrientes, además, se evalúa la instalación de una nueva estación de peaje en las cercanías de Paso de los Libres, sobre la Ruta Nacional 14, uno de los pasos fronterizos con mayor circulación de camiones del Mercosur.
Los despidos en Corrientes se suman a las denuncias de trabajadores de otras provincias que también quedaron sin empleo por la privatización de rutas. El reclamo por la reincorporación y la defensa de las fuentes laborales se extiende mientras el Gobierno avanza con el nuevo modelo de gestión vial, que según sus impulsores busca «dejar atrás esquemas deficitarios» y mejorar la calidad de la red sin recursos fiscales, aunque a costa de la estabilidad laboral de cientos de familias.
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