La Cámara Contencioso Administrativa de La Plata frenó la privatización de AySA y giró la causa al fuero federal

La Cámara Contencioso Administrativa de La Plata confirmó la medida cautelar que impide a AySA reducir sus obligaciones de servicio, a una semana de la apertura de sobres de la licitación. El Defensor del Pueblo bonaerense advirtió que el nuevo esquema podría derivar en un «deterioro sanitario y ambiental masivo».

La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata confirmó la medida cautelar que frena la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y dispuso que la cuestión de fondo sea resuelta por la Justicia federal. El fallo, firmado por los jueces Pablo Muñoz, Gerónimo Arias y María Ventura Martínez, se conoció apenas una semana antes de la fecha límite fijada por el Gobierno nacional para la apertura de sobres de la licitación, programada para el 15 de septiembre.

La cautelar fue impulsada por el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, quien alertó sobre un «riesgo inminente» de que el proceso privatizador derivara en un deterioro del servicio de agua potable y cloacas que alcanza a la Ciudad de Buenos Aires y a 26 municipios del Conurbano. El tribunal consideró que la flexibilización de los estándares ambientales y sanitarios que podría derivarse del nuevo contrato de concesión «permite válidamente vislumbrar una situación de riesgo que es por definición irreversible, ya que el daño al ambiente es de aquellos de los que cabe decir que no admiten la posibilidad de una verdadera reparación».

Lorenzino fue contundente al señalar las consecuencias de una eventual privatización en los términos que impulsa el Gobierno: «Una privatización en los términos que busca AySA y el gobierno nacional entregaría a los potenciales compradores una empresa sin la exigencia de cumplir la obligación de provisión de agua potable y dejándole el pasivo ambiental para que se haga cargo la Provincia, los municipios o los habitantes con su salud». El defensor destacó que el agua potable es «un derecho humano fundamental que no puede quedar sujeto a la flexibilización de contratos ni al recorte de inversiones».

La Cámara también resolvió girar el expediente al fuero federal, un punto sobre el que la Defensoría había apelado al pretender que el caso tramitara en la Justicia provincial. Los jueces fundaron esta decisión en que AySA «es una sociedad anónima dedicada al servicio público de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales, cuya titularidad resulta asumida por el Estado nacional como principal accionista». El fallo no anula el proceso de privatización en sí mismo, pero limita la posibilidad de que el nuevo operador preste el servicio con estándares inferiores a los actuales.