Estatales coparon la legislatura porteña para pedir que se active la cláusula gatillo

Durante su disertación, Miguel explicó que las modificaciones en la currícula representan «una de las políticas más ambiciosas de la Ciudad para los próximos años», apenas instantes antes de que el evento se suspendiera por el reclamo de empleados legislativos que vienen negociando con el jefe del bloque del PRO, Francisco Quintana, para que el Gobierno autorice un aumento de salarios para el sector.

Los militantes cortaron la luz del Parlamento e ingresaron por la fuerza al lugar, haciendo sonar sus bombos y tirando pirotecnia en los pasillos. Del reclamo participaron también el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) y Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

Los trabajadores exigen que se active «la cláusula gatillo» ante la inflación registrada hasta ahora en la Ciudad y rechazaron el aumento del 19% que las autoridades porteñas ofrecieron hasta el momento.

Durante su exposición, antes de la protesta, Miguel defendió la iniciativa del Gobierno de implementar prácticas laborales en el último año del colegio secundario y adelantó que también van a pedir por la creación de «la primera Universidad Pública de Formación Docente».

«El Plan de Transformación Educativa es una de las políticas más ambiciosas de la Ciudad para los próximos años», aseguró el jefe de Gabinete de Horacio Rodríguez Larreta.

Entre otras cosas, Miguel resaltó que en diciembre comenzarán las obras para mudar el Ministerio de Educación a un nuevo edificio que se construirá en unos terrenos recuperados en el Barrio 31, trabajo que estaría finalizado en mayo de 2019.

Además, aseguró que «al comienzo del ciclo lectivo 2018» todos los jardines de infantes van a contar con un espacio tecnológico denominado «atelier digital», integrado con 30 tablets, una notebook, una cámara digital, un parlante con micrófono y un proyector.

También detalló que se están «construyendo 52 escuelas nuevas y siete polos educativos» y resaltó que se están poniendo en valor otros 220 establecimientos de la Capital Federal.

Por otra parte, celebró la creación del Sistema Integral de Seguridad Pública, que cuenta con casi 30 mil empleados, que permite que «el SAME, los bomberos, los guardianes de plaza, los agentes de tránsito y la policía están comunicados permanentemente».

«Además de cuidar a los vecinos en la calle, abrimos las puertas de las comisarías para que nos puedan plantear sus necesidades y las distintas problemáticas que hay en cada barrio», sostuvo Miguel.

En materia de Salud, recordó que en 2016 crearon la Red Integrada de Atención Primaria para separar por niveles de atención a los pacientes y celebró la inauguración de la guardia del Hospital Cecilia Grierson.

En tanto, se refirió también a los trabajos en la nueva Autopista Illia y consideró que esta iniciativa «integrará al Barrio 31 a las más de 2 mil viviendas que hoy están a pocos metros» de la carretera.

En este sentido, puntualizó las labores que está llevando adelante el Ejecutivo porteño para urbanizar diferentes villas como la 1-11-14, en el barrio de Flores; la Rodrigo Bueno, en Puerto Madero, y el asentamiento Fraga, en Chacarita, proyecto que plantea la relocalización de miles de personas que actualmente viven en esas zonas. «Este año, a través del programa de Regularización Dominial, 925 familias tienen las escrituras de sus casas», afirmó Miguel ante los legisladores.

Finalmente, el jefe de Gabinete de la Ciudad remarcó que este año se abrieron «cuatro nuevos Centros Integrales de la Mujer, sumando un total de 11» y que en 2019 se construirán cuatro más y para el 2019. «También contamos con tres hogares y dos refugios secretos para que el agresor no las pueda ubicar», garantizó.

Por su parte, el bloque del Frente para la Victoria cuestionó, entre otras cosas, el supuesto «incumplimiento de la Ley de Seguridad a un año de su sanción» y «la sistemática venta de tierras públicas en favor de negocios inmobiliarios». Además denunciaron «el vaciamiento de las facultades que tienen las juntas comunales» y «la falta de vacantes en establecimientos educativos públicos».

«No se reglamentó lo concerniente a la Oficina de Transparencia y Control Externo; las participaciones de las organizaciones civiles sobre el control de la Fuerza; no se creó la Defensoría del Policía», enumeró además el legislador Carlos Tomada.