La conducción de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que lidera Hugo Godoy, solicitó hoy a la ministra de Trabajo, Raquel Olmos, y a la secretaria de Gestión de Empleo Público, Ana Castellani, la inmediata revisión de la paritaria de 2022 ante un contexto en el que «la inflación conspira contra el poder adquisitivo del salario».
Un documento firmado por Godoy, los secretarios adjunto y de Organización, Rodolfo Aguiar y Mercedes Cabezas, y el director de Negociación Colectiva del gremio, Flavio Vergara, indicó que las funcionarias recibieron el reclamo a través de notas enviadas hoy ante «el constante proceso inflacionario que conspira contra los trabajadores».
ATE también demandó la incorporación de una suma fija de 30 mil pesos como «parte integrante del salario» y que se refuercen los ingresos del personal comprendido en los convenios colectivos laborales sectoriales «más postergados».
«El salario no alcanza. Todavía hay trabajadores con salarios por debajo de la línea de la pobreza. Algunos convenios colectivos sectoriales se inician en niveles de ingresos muy inferiores a la canasta básica alimentaria. No es posible naturalizar que quienes cumplen tareas en el Estado nacional sean pobres», expresaron los dirigentes.
La organización gremial también reclamó el cumplimiento de las metas previstas en el Plan Integral de Regularización del Empleo Público de 2020, porque terminar con «la precarización laboral requiere de una política de Estado efectiva», y sostuvo que de los 30 mil empleados comprometidos aún solo 2.200 fueron designados en sus cargos.
Las cartas a Olmos y Castellani incluyeron 14 puntos, entre los que el gremio ratificó la necesidad de reincorporar a los despedidos durante el macrismo, la mejora de las condiciones laborales, la progresión horizontal, horas extra, presentismo y licencias.
Los sindicalistas reseñaron que la inmediata convocatoria a la revisión paritaria nacional de 2022 había sido acordada en septiembre último para este mes, y explicaron que más de 132 mil trabajadores «aguardan esta instancia de mejora».
«La inflación, que en 2022 fue del 94,8 por ciento, conspira contra el poder adquisitivo. Esa cifra es la más elevada desde 1991 y, según el informe Resultados del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA), acumularía un 29,4 por ciento entre enero y mayo y un 98,4 este año», dijeron.
ATE reclamó elevar los pisos salariales con «un criterio redistributivo de la riqueza, de la justicia social y de la equidad»; una política de Estado efectiva contra la precarización laboral y adecuar las herramientas normativas y convencionales para acelerar los concursos y garantizar el acceso a la planta permanente y la estabilidad.
La organización también solicitó en las cartas a Olmos y Castellani la actualización de los valores de los grados (progresión horizontal) en todos los convenios colectivos sectoriales que dependen del instrumento general 214/06, extender las horas extras sin topes, incorporar el presentismo al salario, reconocer los títulos técnicos de escuelas nacionales y los posgrados y eliminar el período de prueba de 12 meses.
«Ello es necesario para la plena estabilidad de quienes regularizan empleo con 5 años o más de experiencia laboral. La pauta salarial que se acuerde debe ser extendida a los monotributistas, y hay que modificar el régimen de licencias, justificaciones y franquicias -vigente desde la dictadura- por un Acuerdo de Derechos», concluyeron.
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