(Por Pablo Maradei) Javier Milei se jacta del plan «motosierra y licuadora». Para los trabajadores implican despidos masivos, suspensiones, retiros voluntarios y destrucción de los salarios. La CGT se debate entre negociar y lanzarse al conflicto. Luis Barrionuevo reapareció para ponerle calor a la interna.
El listado que aprieta al movimiento obrero asfixia; aunque no haya poder de reacción de los gremios involucrados: el anuncio de Javier Mieli de que el 31 de marzo 70.000 estatales quedarán en la calle, aunque el propio Gobierno desmiente al Presidente diciendo que serían 15.000 (UPCN); despidos y suspensiones en empresas privadas (por ejemplo automotrices que golpea a SMATA) junto a adelantamiento de vacaciones y retiros voluntarios.
Mención aparte es haber dado de baja la gran mayoría de la obra pública dejando a la intemperie a la UOCRA. Y sigue con el permanente reflote de la reforma laboral y de Ganancias y las paritarias que no se homologan pero con un salvoconducto legal como contó InfoGremiales; todo adobado con una caída brutal del poder adquisitivo del salario. Son distintas aristas para hablar de lo mismo: el ataque sistemático al sindicalismo.
La anestesia y el desconcierto llega a tal punto que el propio Andrés Rodríguez, titular de UPCN, se enojó con el periodista que le preguntó si se iban a tomar medidas de fuerza: «No hay un planteo de paro general en el horizonte. No entiendo por qué me insisten tanto. ¿Se es combativo porque mandemos un paro general o porque solucionemos los problemas?».
Como si fuera un poco, no ceden las eternas rivalidades internas que Luis Barrionuevo, en una juntada de su espacio, dejó expuestas: pidió la renuncia de Héctor Daer a la conducción de la CGT. Lo miraba aprobándolo Carlos Acuña, el otro secretario general de la CGT junto a Pablo Moyano y que los tres con Daer conforman el triunvirato a cargo. «Hay bronca porque se están cortando solos, están negociando y acordando sin hablar con el resto de la conducción; entonces hay rebelión en la granja como fue el 24 con el medio paro. Otro punto que trajo discordia ese día fue que se trajo a las Abuelas al acto». Sigue: «Hay que buscar diálogo y consenso por ejemplo llamando a un Confederal donde se escuchen y tengan en cuenta las opiniones de todos; va a haber algún encontronazo más porque en la reunión de la Azul y Blanca en Parque Norte escuchamos reclamos y enojo porque esto, como lo están manejando Los Gordos es un sálvese quien pueda».
La semana pasada, el co-secretario general de la CGT anunció a este medio que el Consejo Directivo de la Central se reuniría «pronto» para analizar el cuadro de situación; aunque el cuadro de situación está a la vista. Desconcertados, este finde extra large «dejó a la burocracia sindical sin días hábiles laborales», dicen desde la izquierda gremial que aguijona continuamente al conservadurismo peronista. Lo cierto es que hay desconcierto en Azopardo y las peleas se batallan de manera individual por la crisis económica y sistémica que sobrevuela al país.
Otro dirigente que no es del espacio de Barrionuevo comparte mirada: «Están todos juntos de la boca para afuera; no hay unidad de acción ni de concepción como enseñó Perón». Describe: «Unos negocian, otros no saben qué hacer; y otros quieren ir a la pelea». Sigue: «Y con un agravante, no hay y no saben cómo reflotar el espíritu de lucha que se ha perdido».
Contra la ley Mucci, que es una sola pata de los frentes de batalla listados más arriba, el sindicalismo hizo mucho. Al igual que el gobierno de Raúl Alfonsín, aquella ley que avanzaba contra los sindicatos fue enviada al Congreso dentro de los 100 días de gestión; aunque con una democracia más débil por haber sucedido a la Dictadura. «En aquel entonces tenían la gimnasia de la lucha, de hecho los muchachos estaban aceitaditos con 35 diputados sindicales y la presidencia de la Cámara; pero hoy no hay nada para ofrecer».
Este fin de semana extra súper large adormece aún más el accionar cegetista y al Gobierno le permite seguir estirando el tiempo; salvo para un tema: para cuando se publique esta nota unos 15.000 trabajadores estatales bajo contrato dejarán de tenerlo.
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