La Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires aprobó la Ley de emergencia económica, financiera y tarifaria para empresas recuperadas, proyecto que había sido enviado por el gobernador Axel Kicillof y que suspende ejecución de sentencias de desalojo y los cortes de servicios públicos por falta de pago para esas entidades.
La iniciativa había avanzado en la Cámara de Diputados el 16 de marzo pasado y ayer obtuvo sanción definitiva en el Senado.
El pliego, enviado por el Poder Ejecutivo, protege a las empresas que hayan sido recuperadas por sus trabajadores y forma parte de las políticas provinciales de acompañamiento y estímulo al movimiento cooperativo bonaerense.
La flamante ley incluye facilidades tarifarias y financieras para este tipo de compañías que tengan deudas y suspende la ejecución de sentencias de desalojo, remates de bienes y cortes de servicios.
Además, declara de interés provincial el proceso de recuperación de empresas por sus trabajadores.
«La declaración de emergencia para el sector pretende visibilizar la grave situación que se atraviesa, para proveer asistencia y el trato diferencial que requieren las empresas cooperativas», había señalado Kicillof al presentar el proyecto de ley.
En tanto, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, había recordado «la asignatura pendiente que la provincia tiene con las empresas recuperadas» y destacado que «la producción cooperativa es motor de la reactivación».
De acuerdo con el registro publicado en 2020 por el ministerio de Desarrollo Social de la Nación, hay más de 400 empresas recuperadas en el país, de las cuales al menos 70 están en la provincia de Buenos Aires.