El Ministerio de Trabajo bonaerense ratificó la obligatoriedad de contratación de serenos de buques en los puertos provinciales

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través de su Ministerio de Trabajo, devolvió la obligatoriedad de la contratación de serenos de buques en todos sus puertos, a contramano de la desregulación declarada desde Casa Rosada. La cartera encabezada por Walter Correa busca preservar puestos de trabajo y mantener estándares de seguridad en la actividad portuaria.

La provincia de Buenos Aires resolvió ratificar la obligatoriedad de la contratación de serenos de buques en todos los puertos bajo su jurisdicción, dejando sin efecto la aplicación del decreto nacional que había establecido un régimen optativo. La medida fue formalizada mediante un dictamen del Ministerio de Trabajo bonaerense, que declaró inaplicable en el territorio provincial el DNU 342/25 impulsado por el Gobierno Nacional.

La decisión apunta a preservar puestos de trabajo, reforzar los estándares de seguridad operativa y sostener el rol del Estado en el control de una actividad considerada estratégica. Desde la cartera laboral provincial señalaron que la desregulación dispuesta a nivel nacional generó consecuencias negativas tanto en materia de empleo como en aspectos vinculados a la seguridad, la salud y el cuidado del medioambiente en los puertos.

El dictamen fue emitido por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Walter Correa, quien adhirió formalmente a la resolución. En el documento se argumenta que la normativa nacional que habilita la contratación optativa de serenos no resulta compatible con las competencias provinciales en materia laboral ni con las atribuciones de control sobre la actividad portuaria.

El antecedente inmediato de esta decisión es el Decreto Nacional N.º 37/2025, que en el marco del Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre desreguló la actividad y eliminó la obligatoriedad de los serenos de buques. En la práctica, esa modificación permitió que numerosas agencias marítimas y empresas armadoras prescindieran de estos trabajadores, reduciendo la presencia permanente en los muelles.

Para las autoridades bonaerenses, esa flexibilización derivó en un escenario de desprotección generalizada. El dictamen sostiene que, en ejercicio de su autonomía y preexistencia institucional al Estado Nacional, la provincia tiene facultades para fijar criterios propios que garanticen condiciones adecuadas de trabajo y seguridad en sus puertos. En ese marco, el Gobierno de Axel Kicillof considera que los serenos de buques no son una figura optativa, sino un componente necesario para el control de accesos, la prevención de incidentes y la seguridad operacional.

La resolución establece que la obligatoriedad alcanza a todas las embarcaciones comerciales o industriales, nacionales o extranjeras, con un arqueo superior a las 2.000 toneladas que permanezcan amarradas en puertos fluviales o marítimos, tanto públicos como privados, dentro de la provincia. La medida fue bien recibida por organizaciones sindicales del sector, como el SICONARA, que destacaron el impacto positivo de la decisión en la preservación del empleo, la seguridad portuaria y la defensa de la actividad marítima.