El Gobierno decidió no dictar la conciliación obligatoria y exponer a Omar Maturano por promover la huelga. El vocero presidencial, Manuel Adorni, habló de sanciones «a los responsables». Extraoficialmente se habla del inicio de una campaña sucia para disciplinarlos. Ya comenzó en redes.
La huelga de trenes de este miércoles dejó a millones de usuarios sin servicio. La medida se podría haber evitado con la aplicación de una conciliación obligatoria, un procedimiento administrativo de rutina que la cartera laboral aplica en cada negociación de partes. Sin embargo el Gobierno decidió no poner la firma.
«El Gobierno no puede desconocer la ley que defiende a los usuarios y establece un método conciliador, por lo que su actitud viola la paz social y agravia a los usuarios», sostuvo La Fraternidad en un comunicado.
La determinación fue política. El Gobierno decidió que no haya trenes en lo que es su pelea con el sindicalismo y bajo la premisa, todavía por comprobarse, de que eso dejaría mejor parado al oficialismo en su proceso de victimización.
«Se están evaluando las medidas pertinentes para que esto no quede sin consecuencias», expresó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa matutina en Casa Rosada.
Adorni afirmó que la medida de fuerza es liderada «por un grupo de personas que cuando no está en el poder, le complica la vida a la gente».
La idea de aplicar sanciones que echó a rodar Adorni es compleja de aplicar. El derecho a huelga es constitucional, por lo que el mensaje fue tomado por el universo sindical como una amenaza de otra índole.
La sospecha es que la victimización del mileísmo viene de la mano con el inicio de una campaña sucia que ya empezaron desde hace un tiempo en las redes sociales y que podría escalar en los próximos días: la era del carpetazo.
Los reconocidos usuarios libertarios de redes promovieron videos viejos y publicaciones en las que se hablaba de los autos en los que se movería el gremialista. También de su hipotético lugar de residencia y de su presunto patrimonio.
En Azopardo creen que Maturano podría ser uno de los objetivos elegidos por el Gobierno para intentar disciplinar a la CGT, pero no sería el único. Habría por lo menos un grupo de unos 10 dirigentes que serían atacados desde el poder.
Desde lo formal en La Rosada aseguran que «se están estudiando las medidas para que haya consecuencias». La guerra entre la gestión de La Libertad Avanza y el sindicalismo ya es total.
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