Despidos, suspensiones, recortes salariales y procedimientos preventivos de crisis: el transporte del Chaco amenaza más de 500 puestos de trabajo

El conflicto en el sistema de transporte urbano del Gran Resistencia volvió a escalar. La empresa San Fernando notificó que iniciará su propio Proceso Preventivo de Crisis (PPC), mientras que TCM se sumará a ERSA Urbano en la implementación de medidas que incluyen suspensiones rotativas y posibles despidos ante la falta de respuestas oficiales frente al deterioro económico del sector.

La situación expone una crisis generalizada dentro del Sistema de Transporte del Área Metropolitana (Sitam) de Chaco, con negociaciones que se están llevando adelante empresa por empresa, sin mediación directa de la Cetach.

Las dificultades comenzaron con ERSA Urbano, principal operadora del sistema, y la UTE TCM que en agosto iniciaron un proceso preventivo de crisis (PCC), por la «imposibilidad de sostener los costos operativos» frente al congelamiento tarifario y la «falta de actualización de los subsidios nacionales y provinciales». Ahora, San Fernando sigue el mismo camino, lo que marca un punto de inflexión en la estabilidad del servicio urbano.

El acuerdo firmado por ERSA y TCM en el marco de los PPC, vigente hasta el 30 de noviembre, estableció un esquema de pago de 90% del salario como no remunerativo y el 10% en blanco, calculado sobre la escala salarial de enero (no la de mayo).

Además, los trabajadores cumplían jornadas reducidas, alrededor de 18 días de trabajo por mes, con lo cual perdían el viático diario, estimado entre $8000 y $10.000. En total, los choferes cobraban alrededor de un millón de pesos de bolsillo, frente a los 1,3 a 1,4 millones que corresponderían según la escala actualizada.

A pesar de que este esquema transitorio no logró estabilizar la situación, San Fernando confirmó la presentación de su propio proceso ante la Dirección Provincial de Trabajo, en busca de un acuerdo similar.

Desde la Cámara de Empresarios del Transporte Automotor del Chaco (Cetach) se aclararon que no interviene ni representa directamente a las firmas en conflicto, ya que cada una lleva adelante sus gestiones y decisiones de manera independiente.

La falta de actualización de tarifas y de refuerzo de subsidios coloca a las empresas en una situación límite. Con una recaudación que no cubre los costos mínimos, las operadoras aseguran que el sistema «está obligado a achicarse» y advierten que no podrán sostener los niveles actuales de personal y frecuencia si no se produce un alivio económico antes de fin de mes.

En este escenario, la vigencia del acuerdo hasta el 30 de noviembre aparece como un plazo clave: si la UTA no acepta la ampliación de las suspensiones rotativas o una reestructuración temporal, las empresas anticipan que no podrán garantizar la continuidad del servicio a partir de diciembre.

Mientras tanto, las líneas afectadas por las medidas se extienden en casi todo el corredor urbano. ERSA opera las líneas 204, 205, 107, 101, 2, 9 y 106; TCM tiene a su cargo las 8, 12, 206, 111 y 3; y San Fernando las 5 y 207. Solo las 110 y 104 quedarían por el momento fuera de los procesos de crisis.