La Cámara de Diputados resolvió por unanimidad remitir nuevamente la iniciativa al Gobierno provincial para su revisión en medio del debate legislativo y el clima de tensión generado por el tratamiento de la norma. Claudio Vidal buscaba congelar los salarios y estipular un régimen de pasividad anticipada.
La Cámara de Diputados de Santa Cruz resolvió remitir nuevamente al Poder Ejecutivo provincial el proyecto de Emergencia económica que se encontraba en tratamiento legislativo. La decisión fue adoptada por unanimidad durante la sesión en la que se analizaba la iniciativa enviada por el Gobierno.
El planteo fue acordado por la totalidad de los legisladores presentes en el recinto, quienes coincidieron en devolver la propuesta al Ejecutivo para que sea revisada antes de continuar con su tratamiento parlamentario.
La iniciativa había sido incorporada al debate legislativo con el objetivo de declarar la emergencia económica, financiera y administrativa en el ámbito del sector público provincial, en el marco de la situación fiscal que atraviesa Santa Cruz.
Claudio Vidal, el gobernador de extracción sindical que terminó siendo un ariete del ajuste, había propuesto declarar la emergencia económica, financiera y administrativa del sector público provincial, establecer restricciones a los incrementos salariales y crear un régimen de pasividad anticipada voluntaria para trabajadores estatales.
El proyecto, ahora devuelto en medio de protestas y huevazos, buscaba reorganizar el gasto público, garantizar la sostenibilidad fiscal y asegurar el pago de salarios, jubilaciones y servicios esenciales.
Uno de los puntos centrales del proyecto establecía que durante la vigencia de la emergencia quedará prohibida la aplicación de incrementos automáticos, cláusulas de indexación, actualizaciones salariales o mejoras remunerativas del personal cuando no existan recursos presupuestarios y financieros disponibles para afrontarlas.
La iniciativa también disponía la suspensión del ingreso de personal al Estado provincial, con excepciones para coberturas estrictamente necesarias, profesionales de la salud y aquellas designaciones que cuenten con autorización fundada del Poder Ejecutivo.
Asimismo, se establecía que las áreas administrativas de Salud, Educación y Fuerzas de Seguridad deberán elaborar un plan de priorización de gastos que clasifique las erogaciones en críticas o vitales, operativas necesarias o diferibles, con el objetivo de asegurar el funcionamiento de servicios esenciales y mejorar la eficiencia del gasto público.
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