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La Suprema Corte de Justicia de Mendoza falló a favor de un reclamo colectivo de 50 estatales del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y ordenó al Estado provincial reconocerles la antigüedad desde el momento en que ingresaron al organismo como contratados hasta su posterior pase a planta permanente. El tribunal también condenó al IPV al pago de las diferencias salariales retroactivas desde que los demandantes iniciaron los reclamos administrativos en 2022. El fallo sienta un precedente para reclamos de trabajadores estatales despedidos. La demanda fue presentada por un grupo de 50 agentes y ex agentes del IPV que ingresaron al organismo mediante contratos de locación de servicios o de obra y que, con el transcurso del tiempo, fueron efectivizados algunos por decreto del Ejecutiv...