La histórica fábrica de tractores Pauny, de la localidad cordobesa Las Varillas, atraviesa su hora más crítica. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) San Francisco denunció que la empresa adeuda dos quincenas, retiene los aportes jubilatorios y de obra social, y acumula 146 cheques rechazados por más de $1.000 millones. Mientras la patronal busca inversores desesperadamente, los operarios mantienen la retención de tareas y advierten que la lucha es por “resguardar los puestos de trabajo”.
La crisis de Pauny, la emblemática fábrica de tractores radicada en Las Varillas, Córdoba, se profundizó hasta límites insostenibles y dejó al descubierto un escenario laboral crítico. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) seccional San Francisco denunció que la empresa adeuda la segunda quincena de septiembre y la primera de octubre a sus 450 trabajadores. La situación no se limita a los salarios: según el comunicado gremial, la firma también incumplió con el depósito de los aportes patronales correspondientes a la obra social, la jubilación y la ART, y retuvo las cuotas alimentarias que se descuentan a los trabajadores sin ingresarlas a las cuentas judiciales, generándoles litigios. En los hechos, los operarios quedaron sin prestaciones médicas ni cobertura por accidentes laborales, afectando no solo su ingreso sino la salud de sus familias.
El conflicto escaló cuando la dirección de Pauny comunicó a los operarios que quedaban dispensados de concurrir a trabajar los días 28, 29 y 30 de octubre, argumentando una disminución de la actividad productiva. La medida, que buscaba extender la parálisis hasta el lunes 2 de noviembre, no fue acatada por los trabajadores, que respaldados por la UOM se presentaron igualmente en sus horarios habituales para sostener el reclamo. Ante la falta de respuestas, el gremio dispuso una retención de tareas hasta que la empresa regularice los incumplimientos denunciados. “No hay solución, no hay respuestas. Esto no es culpa de los trabajadores, no generaron esta situación. La generó la empresa, con mentiras, con planteos de una supuesta venta. Hoy comienza una lucha que no sabemos cuándo ni cómo va a terminar. Nuestro objetivo es resguardar los puestos de trabajo y ponerle plata en el bolsillo a la gente”, afirmó Lucas Sarmiento, titular de la UOM de San Francisco, tras una audiencia sin acuerdo en el Ministerio de Trabajo.

El trasfondo financiero que explica la crisis laboral es igualmente alarmante. La compañía acumula 146 cheques rechazados por falta de fondos por un total de $1.028,4 millones, todos registrados entre el 13 y el 23 de octubre, en apenas ocho jornadas hábiles. A esto se suma una deuda con el sistema financiero que, según la Central de Deudores del BCRA, ascendía a $30.817 millones a agosto de 2026, con el Banco Nación como principal acreedor por $21.587,9 millones. La empresa, que nació en 2002 tras la quiebra de Zanello y llegó a ser líder del mercado, atribuye la crisis a la caída de las ventas y a la competencia de tractores importados, especialmente de origen asiático, que ingresaron al país con un aumento del 136% y precios imposibles de igualar para la industria nacional. Las ventas de Pauny se desplomaron de 439 unidades en 2025 a solo 316 en lo que va de 2026.
Frente a este panorama, la estrategia de la patronal para intentar sobrevivir incluyó en los últimos meses una propuesta de reducir la jornada laboral a tres días por semana, con el pago del 70% o 75% del salario por los días no trabajados, un esquema que fue avalado inicialmente en el marco del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) pero que la UOM ahora rechaza y busca anular por incumplimiento. Mientras los directivos de Pauny dejaron trascender que buscan inversores externos para mejorar la situación financiera de la firma, los trabajadores mantienen la retención de tareas y las movilizaciones frente a la delegación local del Ministerio de Trabajo. La continuidad de una de las principales fábricas de tractores de capital nacional y el sustento de cientos de familias de Las Varillas penden de un hilo, en un conflicto donde la deuda salarial y la falta de respuestas empresariales ya no dejan margen para más dilaciones.




