Flybondi dejó una deuda millonaria con las estatales y cientos de trabajadores en la calle mientras el Gobierno insiste en privatizar Intercargo

La low cost se presentó en concurso preventivo con más de $4.000 millones en deudas, entre ellas con EANA e Intercargo, las empresas públicas que le siguieron prestando servicios sin cobrar. Mientras Flybondi desvinculó a cerca de 1.000 trabajadores y acumula reclamos por indemnizaciones impagas, el Gobierno avanza con la venta de Intercargo, una empresa superavitaria que emplea a 1.600 personas.

La crisis de Flybondi expuso una paradoja que incomoda al relato oficial sobre la eficiencia del sector privado frente al Estado. El 5 de octubre, la empresa que opera bajo la marca Flybondi se presentó en concurso preventivo de acreedores con más de $4.000 millones en deudas y reclamos identificados, que trepan a unos $4.600 millones si se suman intereses y costas de embargos. Entre los principales acreedores figuran la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y Intercargo, las dos empresas estatales que le prestaron servicios de navegación y rampa mientras la compañía acumulaba pasivos y dejaba de pagar. La low cost que se presentaba como emblema de la gestión privada les debía plata a las mismas estatales que, según el discurso oficial, son ineficientes y deben ser vendidas.

Mientras Flybondi se hunde, el Gobierno nacional redobla su apuesta por privatizar Intercargo, la empresa estatal de servicios de rampa que, según los gremios, es superavitaria y garantiza operaciones seguras en los principales aeropuertos del país. La paradoja es doble: por un lado, la estatal que el Ejecutivo quiere rematar es la que sostuvo la operación de la low cost incluso cuando esta dejó de pagarle; por el otro, la privatización pone en riesgo 1.600 puestos de trabajo directos y un número indeterminado de empleos indirectos vinculados a la actividad aeroportuaria. Los sindicatos del sector ya advirtieron que la medida representa una “entrega” del patrimonio nacional y alertaron sobre el posible “vaciamiento” de una compañía estratégica para la conectividad del país.

El costo humano de la crisis de Flybondi es igual de contundente. Cerca de 1.000 trabajadores dejaron la compañía durante los últimos meses mediante despidos o retiros voluntarios, y los gremios denunciaron demoras en el pago de indemnizaciones, incumplimientos de las cuotas acordadas y deudas salariales con quienes todavía permanecen en la empresa. A fines de agosto, más de 700 extrabajadores se concentraron en Aeroparque para reclamar por sueldos impagos e indemnizaciones que nunca llegaron, mientras la empresa cancelaba vuelos y acumulaba sanciones de la ANAC. Página/12 consigna que, además de los despidos, Flybondi canceló unos 2.400 vuelos durante 2026 y afectó a 383.000 pasajeros, y que no realiza reembolsos desde enero.

El entramado de vínculos entre la empresa y el poder político agrega otro capítulo a la historia. Leonardo Scatturice, uno de los principales inversores de Flybondi y señalado como lobista del Gobierno en Estados Unidos, mantiene una relación directa con Santiago Caputo, el asesor presidencial de mayor confianza. Su grupo empresario, COC Global, también controla OPC Tech, una firma que tiene contratos con organismos del Estado nacional, entre ellos la propia EANA y ARCA.

El diputado nacional Esteban Paulon ya había señalado que la “vista gorda” de la ANAC argentina se explica por la relación de Scatturice con el Gobierno libertario, una sospecha que el propio Pablo Ceriani retomó en su posteo: “El Gobierno debería explicar qué controles ejerció sobre Flybondi y qué vínculos mantiene con sus funcionarios”.

La pregunta que sobrevuela el caso es la que planteó Pablo Ceriani, expresidente de Aerolíneas Argentinas, en su cuenta de X: si las empresas públicas terminaron siendo acreedoras de una aerolínea privada que dejó de cumplir con sus obligaciones, ¿qué controles ejerció el Estado sobre esa compañía y por qué sigue adelante con la privatización de la estatal que la sostuvo? Mientras Flybondi negocia su deuda en la Justicia comercial y deja a cientos de trabajadores sin indemnización, el Gobierno insiste en vender Intercargo, la empresa que, con superávit y 1.600 empleados, sostuvo la operación de la low cost incluso cuando esta ya no pagaba.