Mientras el Gobierno de Javier Milei promociona al sector minero como el gran motor de la economía, los datos oficiales de mayo de 2026 muestran que la actividad extractiva apenas sumó 55 puestos de trabajo en todo el país. Mientras tanto, en el mismo mes, la industria manufacturera destruyó 15.139 empleos, el comercio 13.488 y las actividades administrativas 11.050. El saldo total fue una pérdida de 70.217 puestos registrados, según un informe del CEPA en base a datos oficiales de la Secretaría de Trabajo.
El supuesto motor del modelo económico del gobierno libertario, la minería, mostró un desempeño casi insignificante en términos de generación de puestos de trabajo: apenas 55 empleos netos en mayo, según la tabla oficial. Se trata de un crecimiento intensivo en capital, no en trabajo: entran dólares por las inversiones, pero no entra gente al mercado laboral formal. Mientras tanto, las actividades que tradicionalmente generan mano de obra, industria, comercio y construcción, continúan en caída libre, con miles de puestos destruidos mes a mes.
Para completar el escenario, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aceleró el extractivismo con la próxima etapa de desarrollo minero. Según la plataforma oficial, existen 41 iniciativas anunciadas bajo el régimen por u$s140.929 millones, aunque casi el 80% del monto todavía corresponde a proyectos en evaluación.
Los beneficios son millonarios para los inversores extranjeros: los proyectos mineros aprobados pagan una tasa reducida del 25% en el Impuesto a las Ganancias y quedan totalmente exentos de los derechos de exportación (retenciones) a partir del tercer año. Tampoco pagan aranceles de importación. Un combo de privilegios fiscales que profundiza el modelo extractivista sin traducirse en empleo genuino para los argentinos.

El problema no es sólo la cantidad de puestos, sino también la calidad y el origen del empleo que generan estos megaproyectos. La adjudicación del campamento Batidero para el megaproyecto de cobre Vicuña, en San Juan, desató una controversia en la industria argentina. El consorcio liderado por PowerChina, junto a Beijing Chengdong y la firma santafesina RAFA S.A., obtuvo el contrato para importar desde China una ciudad modular destinada a albergar a miles de trabajadores mineros.
La decisión provocó un fuerte rechazo en sectores industriales y empresariales locales, que advierten sobre la pérdida de empleo y la relegación de proveedores nacionales en uno de los proyectos de inversión más grandes del país. El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Modular, Juan Pablo Rudoni, destacó en junio a Infobae que fabricar los módulos en Argentina cuesta 1.300 dólares por metro cuadrado, mientras que en China el costo ronda los 500 dólares, más 200 de flete internacional. Sin embargo, Rudoni remarcó que el ahorro en la adjudicación es mínimo dentro de la inversión total y que la producción local podría haber generado al menos 400 empleos directos, frente a los 50 que requiere la logística y montaje de los módulos importados.
El proyecto Vicuña, impulsado por Lundin Mining y BHP, se presenta como el emprendimiento minero más relevante de la historia argentina, con una inversión estimada de 18.000 millones de dólares hasta 2040. La primera etapa demanda 7.000 millones para la construcción y puesta en marcha de Josemaría y contempla la expansión posterior hacia el depósito Filo del Sol. El objetivo es convertir a Argentina en uno de los principales exportadores de cobre, con 400.000 toneladas anuales durante un cuarto de siglo. Pero la pregunta que queda flotando es cuánto de esa riqueza quedará en el país en forma de trabajo registrado, y cuánto se irá en importaciones y remesas de utilidades, en un modelo que parece diseñado para extraer recursos, no para desarrollar el tejido productivo y laboral argentino.




