Tensión en Santa Cruz: policías cumplen un mes de acampe frente a la gobernación y rechazan 11 ofertas salariales

El conflicto que mantiene en vilo a la provincia de Santa Cruz cumple hoy un mes. Policías y bomberos mantienen un acampe en la puerta de la Casa de Gobierno en Río Gallegos, en el marco de un reclamo salarial que exige que un agente recién ingresado alcance un sueldo de 2,2 millones de pesos. La protesta, que comenzó a principios de junio impulsada por jubilados de la fuerza, suma ahora el respaldo del 95% de los efectivos en actividad, quienes llevan adelante un «quite de colaboración» que garantiza únicamente las guardias mínimas y las urgencias.

La gobernación de Claudio Vidal se ha convertido en el epicentro de la crisis, con una hilera de casillas de madera, toldos y carpas de campaña instaladas sobre la calle Alcorta, en un espacio que los manifestantes bautizaron como «Carpa de la Dignidad». La situación subió la temperatura este domingo con la llegada de un camión que descargó maderas para seguir ampliando las estructuras de la protesta. Los efectivos sostienen que los salarios actuales están por debajo de la línea de la pobreza y rechazan de plano las once propuestas de mejora que el gobierno provincial les ha acercado, al considerar que los montos ofrecidos no son suficientes y que los plazos de pago son inadecuados.

El gobierno de Vidal, por su parte, argumenta que ha realizado un esfuerzo significativo en las negociaciones. La ministra de Gobierno, Belén Elmiger, detalló que entre las opciones analizadas se incluyó una que establece un valor punto de $2.282,80, lo que proyectaba un salario inicial de $2.001.271 para un agente. Sin embargo, desde el sector policial cuestionan la fórmula, ya que el aumento incluye un «adicional transitorio» que mejora el sueldo del ingresante pero se reduce a medida que se asciende en la jerarquía, lo que, según denuncian, «achata la pirámide salarial» y desincentiva la carrera policial. La oferta más reciente de un 17,8% de aumento en cuatro cuotas tampoco logró destrabar el conflicto.

Este reclamo policial se da en un contexto más amplio de fuerte malestar social con los gremios estatales, que no recibieron aumentos durante el primer semestre del año y exigen una compensación por la pérdida del poder adquisitivo. Para complicar el panorama, el gobernador Vidal enfrenta un escenario legislativo adverso, ya que tiene trabada en la Legislatura provincial, por parte del kirchnerismo, la autorización para tomar un crédito público internacional por 600 millones de dólares, lo que limita su margen de maniobra financiera para hacer frente a las demandas salariales.

El punto de máxima tensión institucional se produjo el pasado 23 de junio, cuando un grupo de manifestantes, en su mayoría retirados de la policía, irrumpió en los jardines de la Casa de Gobierno, bloqueando accesos e impidiendo la salida de vehículos oficiales. Ante esta situación, la Fiscalía de Estado presentó una denuncia penal por atentado contra la autoridad, violación de domicilio y coacción, y solicitó una medida cautelar para garantizar el libre funcionamiento del Ejecutivo provincial. La fiscalía advirtió que, si la Jefatura de Policía local no puede garantizar el orden, se requerirá la intervención de las fuerzas federales con asiento en la jurisdicción.

A pesar del creciente aislamiento y la gravedad de los hechos, los voceros policiales insisten en el carácter exclusivamente salarial de su protesta. «El reclamo lo llevamos adelante en absoluta soledad, no tenemos apoyo, no es nada contra nadie, estamos por un sueldo digno», afirmó el suboficial Felipe Gogol, vocero de los policías, en diálogo con La Nación. Mientras tanto, el acampe en Río Gallegos continúa y la paritaria policial sigue activa pero sin resolución a la vista, profundizando la incertidumbre en una provincia ya golpeada por la crisis económica.