Policías autoconvocados de Santa Cruz rechazaron el cierre de la negociación: «Las reuniones estuvieron marcadas por imposiciones, amenazas y aprietes»

Los referentes de la Mesa de Unidad Policial y Penitenciaria anunciaron la continuidad del acampe frente a Casa de Gobierno y las medidas de fuerza en toda la provincia de Santa Cruz, luego de que el Ejecutivo provincial diera por finalizada la mesa paritaria mediante una resolución administrativa. Los efectivos exigen un salario inicial de $2.200.000 y una audiencia con el gobernador Claudio Vidal.

Los representantes de los policías y penitenciarios autoconvocados de Santa Cruz ratificaron este domingo la continuidad de las medidas de fuerza tras la decisión del Gobierno provincial de dar por concluida la negociación salarial. En una conferencia de prensa desde la «Carpa de la Dignidad», instalada frente a Casa de Gobierno en Río Gallegos, los referentes del sector cuestionaron el carácter unilateral del incremento dispuesto por el Ejecutivo y reclamaron la reapertura del diálogo con las máximas autoridades.

El conflicto se extiende desde el pasado 10 de junio, cuando se iniciaron las reuniones paritarias previstas en el Decreto 212. Según denunciaron los voceros del sector, durante las siete reuniones mantenidas con el Gobierno se presentaron quince propuestas salariales, todas ellas consideradas insuficientes por los tres sectores que integran la mesa negociadora. «Nunca existió una verdadera negociación. Las reuniones estuvieron marcadas por imposiciones, amenazas y aprietes», afirmó Ramón Quipildor, uno de los referentes de la Mesa de Unidad Policial y Penitenciaria.

El principal reclamo de los autoconvocados consiste en alcanzar un salario inicial de $2.200.000 de bolsillo para un agente recién ingresado, y que todos los incrementos tengan carácter remunerativo. Los efectivos cuestionan especialmente la Resolución 342 del Ministerio de Seguridad, mediante la cual el Ejecutivo dio por concluida la negociación e impuso un nuevo esquema salarial que incorpora conceptos no remunerativos, lo que, según sostienen, perjudica principalmente al personal retirado y pensionado.

Los referentes anunciaron que las asambleas realizadas en distintas localidades de la provincia resolvieron mantener el acampe y las protestas en toda Santa Cruz. Quipildor aclaró que los efectivos continúan concurriendo a sus lugares de trabajo y cumplen guardias para atender emergencias, incendios y hechos delictivos graves, pero dejaron de realizar tareas administrativas y patrullajes preventivos. Además, denunciaron que el Ejecutivo provincial desconoce la realidad cotidiana de los efectivos, con problemas de infraestructura en comisarías, superpoblación de detenidos y falta de recursos.

Los trabajadores insistieron en reclamar una reunión directa con el gobernador Claudio Vidal, a quien responsabilizan por el clima de tensión que atraviesa la fuerza. «Hay compañeros muy presionados y en crisis. Hacemos responsable al gobernador de lo que pueda llegar a pasar con alguno de nuestros compañeros», advirtió Quipildor. Desde febrero, los autoconvocados presentaron más de quince notas solicitando una audiencia sin obtener respuesta. La conferencia contó con la presencia de efectivos y familiares provenientes de distintas localidades de Santa Cruz, que costearon sus propios traslados hacia Río Gallegos para participar de la protesta frente a Casa de Gobierno.