Mediante una resolución, la Secretaría de Transporte porteña estableció requisitos obligatorios para las Empresas de Redes de Transporte (ERT), que incluyen licencia D1 para conductores, verificación técnica vehicular y seguro específico. Las apps también tendrán que constituirse legalmente en el país y tributar en AGIP. José Ibarra, secretario general de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, destacó el «diálogo» con Jorge Macri y advirtió: «Bajo ningún punto de vista vamos a aceptar transporte en moto-taxi».
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires publicó este jueves una resolución que regula por primera vez a las plataformas digitales de transporte de pasajeros, como Uber, Didi y Cabify, estableciendo requisitos mínimos de seguridad, habilitación y responsabilidad para las empresas y sus conductores. La medida fue celebrada por el Sindicato de Conductores de Taxis y otras organizaciones del sector, que vienen de una década de reclamos contra lo que consideran «competencia desleal».
La resolución, firmada por el Secretario de Transporte, establece en sus artículos centrales que las personas jurídicas que intermedien en el servicio de transporte oneroso de pasajeros mediante aplicaciones móviles o plataformas web deberán acreditar contrato constitutivo o estatuto social, domicilio especial en CABA e inscripción ante AGIP.
Pero los puntos más relevantes apuntan a los conductores y vehículos. Las empresas deberán asegurar que quienes presten servicio posean licencia de conducir categoría D1 (la misma que exige el taxi), sean mayores de 21 años, acrediten certificado de antecedentes penales renovable anualmente y sean titulares o cuenten con autorización para la conducción del vehículo.
En cuanto a los vehículos, deberán contar con Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente para transporte de pasajeros y un seguro específico para vehículos intervinientes en servicios por plataforma tecnológica, conforme a la normativa de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
La resolución también establece que las empresas serán responsables del cumplimiento de estos requisitos y deberán mantener una base de datos actualizada de conductores y unidades a disposición de la autoridad de aplicación.
Las empresas tendrán 90 días para acreditar su constitución legal, domicilio e inscripción en AGIP, y 120 días para garantizar que sus conductores cuenten con la licencia D1.

En diálogo con InfoGremiales, José Ibarra, dirigente de la Federación de Conductores de Taxis, valoró el avance y destacó el cambio de actitud del Gobierno porteño. «Hoy fue la primera vez que un Jefe de Gobierno nos recibió, y que se tome con seriedad y responsabilidad de poner en igualdad de competencia, después del enorme daño que nos produjeron las distintas aplicaciones», afirmó.
Ibarra relató el camino recorrido: «Venimos trabajando en un proyecto de ley que el año pasado no lo pudimos meter. Este año recibimos a Fran Lupia, Presidente de la Comisión del Transporte. Después de eso hicimos una mesa de trabajo con el resto de las organizaciones productivas de la actividad, fuimos recibidos por la Comisión del Transporte de la Legislatura y hoy fuimos convocados por el Jefe de Gobierno Jorge Macri, donde también estaban el resto de las aplicaciones y pudimos expresar todo el daño que hicieron durante más de 10 años, usurpando el espacio público, sin pagar un sólo centavo».
El dirigente fue enfático al enumerar las conquistas: «Hemos sido claros y vemos con agrado, después de tanta lucha, van a tener que sacar registro profesional, antecedentes y también he sido muy crítico al decir que deben tener un seguro de pasajero transportado, y por supuesto, de que es un deber del GCBA velar por los intereses y la seguridad de los ciudadanos».
Uno de los puntos más firmes del reclamo gremial fue la prohibición del transporte en moto. «Hice mucho hincapié de que, bajo ningún punto de vista vamos a aceptar transporte en moto-taxi. Eso genera una gran inseguridad para los ciudadanos que utilicen esa manera de transporte», advirtió Ibarra.
El dirigente aclaró que esta resolución es un primer paso y que el debate central vendrá en la Legislatura porteña. «Después de esta resolución momentánea viene el gran debate en la Legislatura, impulsado por el legislador Grillo y Fran Lupia. Ahí queremos que se trabaje fuertemente en el proyecto que presentamos desde la actividad», concluyó.
La medida representa un giro significativo en la política de transporte de la Ciudad, que durante años toleró la operación de las plataformas sin un marco regulatorio específico, y ahora avanza hacia una equiparación de condiciones con el servicio de taxi tradicional.




