La eliminación del arancel a la importación de celulares dispuesta por el Gobierno nacional amenaza con afectar a entre 2.000 y 2.500 trabajadores de la industria electrónica fueguina y generar un fuerte impacto en el empleo indirecto, el consumo y la economía local de Tierra del Fuego.
La decisión del gobierno de Javier Milei de eliminar el arancel a la importación de celulares encendió las alarmas en Tierra del Fuego, donde estiman que la medida podría dejar sin trabajo a entre 2.000 y 2.500 empleados de la industria electrónica. El impacto, advierten desde la provincia, no se limitará al sector fabril, sino que se extenderá a toda la estructura económica fueguina.
El decreto 333, publicado este jueves en el Boletín Oficial, establece el arancel cero para la importación de teléfonos móviles y tiene un efecto directo sobre el régimen industrial fueguino, uno de los principales motores económicos de la provincia. Según datos oficiales de noviembre pasado, la industria local emplea a 7.569 trabajadores directos, de los cuales el 83% pertenece al sector electrónico, el más golpeado por la apertura de importaciones.
Desde el gobierno provincial y los municipios advierten que el daño será aún mayor si se considera el empleo indirecto. Cada puesto industrial que se pierde repercute en comercios minoristas y mayoristas, transporte, logística, servicios de mantenimiento y gastronomía. En una economía fuertemente dependiente de la actividad industrial, la caída de la producción implica una reducción del consumo y del poder adquisitivo en las principales ciudades fueguinas.
“Nos dicen desde Buenos Aires que esto es para bajar precios. Ese argumento ya lo escuchamos y ya fracasó. Cuando se abrieron las importaciones de notebooks durante el gobierno de Macri, los trabajadores perdieron su empleo y los precios no bajaron. Se destruyó producción local y el beneficio nunca llegó a la gente”, afirmó a LPO el intendente de Río Grande, Martín Pérez, quien remarcó que se trata de la ciudad más poblada de la provincia.
El jefe comunal rechazó además la idea de que el régimen fueguino sea un sistema de privilegios. “No se trata de privilegios. Se trata de defender producción nacional, empleo argentino y el trabajo de miles de familias fueguinas”, sostuvo.
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