Con miles de empleos en riesgo por la crisis en el bioetanol, la UIA exige una ley para evitar el colapso regional en el Norte

La nueva legislación promovida por la UIA busca fortalecer el biodiesel y el bioetanol, que hoy miles de puestos de trabajo al borde de la destrucción. Además plantea crear empleo y reducir la dependencia de combustibles fósiles.

La Unión Industrial Argentina (UIA) presentó una nota formal al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la que solicita el respaldo del Ejecutivo al proyecto de Ley de Biocombustibles promovido por la Liga de Provincias Bioenergéticas.

El proyecto, que ya tiene estado parlamentario, fue elaborado de forma conjunta por los gobiernos de Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe y Tucumán, junto con sectores privados, y tiene como objetivo potenciar la producción de bioetanol y biodiesel, diversificar la matriz energética del país y generar empleo genuino en las economías regionales.

Desde la UIA, encabezada por Martín Rappallini y Eduardo Nougués, destacaron que la ley es clave para agregar valor a la caña de azúcar, el maíz y la soja, reducir la dependencia de combustibles importados, sostener cadenas productivas regionales y atraer nuevas inversiones.

El marco normativo propuesto plantea aumentar progresivamente los cortes obligatorios de biocombustibles, abrir el juego a inversiones en transporte aéreo, marítimo y fluvial, y permitir la instalación de motores flex y kits de conversión. Además, propone reemplazar el sistema de cupos y precios fijos por licitaciones transparentes entre privados, apuntando a mayor competitividad y previsibilidad.

Uno de los testimonios más contundentes recabado por El Economista fue el de Jorge Rocchia Ferro, presidente de la Unión Industrial de Tucumán, quien alertó sobre la urgencia que viven las provincias del norte argentino.

«El norte argentino está en una situación límite. No tenemos petróleo, ni litio funcionando. Nuestra columna vertebral es el azúcar, y si no defendemos esa industria, condenamos a la región a la pobreza».

Rocchia Ferro pidió aumentar el corte obligatorio de bioetanol, que actualmente es del 12% (6% caña y 6% maíz), y subrayó que este reclamo no tiene connotaciones partidarias:

«No pedimos privilegios, pedimos que se cumpla la Constitución. El bioetanol es nuestra herramienta para generar trabajo, arraigo y futuro».

Con el respaldo de la UIA y de las uniones industriales de todo el país, el proyecto se presenta como una estrategia energética federal que no solo busca sustituir importaciones, sino también reducir emisiones contaminantes, impulsar el desarrollo regional y garantizar un futuro ambientalmente más equilibrado.