Conflicto en Lácteos Verónica: Diputados exigen la intervención del Ejecutivo y los trabajadores denuncian crisis inducida

El conflicto laboral en la empresa Lácteos Verónica, con plantas en las localidades santafesinas de Totoras, Clason, Lehmann y Suardi, ha escalado en los últimos días con nuevas denuncias de los trabajadores que aseguran que la crisis fue inducida y una intervención de Diputados que presentaron un proyecto para reclamar la intervención de la Secretaría de Trabajo de la Nación en el conflicto.

Diputados y diputadas de la Nación presentaron un proyecto de resolución en apoyo a los más de 700 trabajadores afectados. El texto legislativo reclama “una pronta y eficaz intervención de la Secretaría de Trabajo de la Nación” para asegurar el cumplimiento de las obligaciones salariales por parte de la empresa y la continuidad de todos los puestos laborales.

Los legisladores que firmaron el proyecto de resolución fueron: Eduardo Toniolli; Germán Martínez; Florencia Carignano; Magalí Mastaler; Diego Giuliano; Carlos Cisneros; Carolina Yutrovic; Carolina Gaillard; Jorge Romero; Ana María Ianni; Victoria Tolosa Paz; Ricardo Herrera; Lorena Pokoik; Gabriela Pedrali; Nancy Sand; Ariel Rauschenberger; Andrea Freites; Eduardo Valdés; Pablo Todero; Jorge Neri Hernández Araujo; Eugenia Alianiello; Natalia Zabala Chacur; Hilda Aguirre; Blanca Osuna; Carlos Castagneto.

La empresa, controlada por la familia Espiñeira, adeuda actualmente el 96% del salario de junio y el medio aguinaldo. Además, intentó implementar un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) que fue rechazado por el gremio ATILRA. Entre las medidas propuestas por la patronal se incluyen despidos del 30% del personal con una indemnización reducida, la suspensión del convenio colectivo vigente, rebajas salariales del 50%, y suspensiones aleatorias semanales.

Desde el sector gremial sostienen que se trata de una crisis inducida por la misma empresa. «No presentan balances ni documentación real sobre la situación económica», afirman los trabajadores, que llevan adelante una retención de crédito laboral de cuatro horas por turno y una reducción de jornada a tres días semanales por falta de insumos.

Los antecedentes de conflicto se remontan a 2023 y se agravaron a lo largo de 2024 y 2025, con pagos fragmentados, incumplimientos en aportes a obras sociales y jubilaciones, y sospechas de vaciamiento empresarial. Entre enero de 2020 y abril de 2025, Verónica exportó productos lácteos por más de 102 millones de dólares, principalmente a Argelia. Sin embargo, según registros oficiales, no presenta una deuda bancaria significativa.

Un informe reciente plantea posibles maniobras de triangulación entre Lácteos Verónica y Las Becerras S.A., una empresa también vinculada a la familia Espiñeira. Documentación técnica, balances internos y registros del INTA sugieren transferencias de activos rurales, maquinaria e incluso personal, en un posible intento de vaciamiento de la firma principal. Las Becerras permanece activa, sin conflictos laborales ni deudas públicas registradas, y comparte directivos con Verónica. Esto refuerza las sospechas de los trabajadores sobre operaciones diseñadas para evadir responsabilidades económicas y liquidar activos sin transparencia.

Diversos legisladores provinciales, entre ellos Carlos Del Frade, Marcos Corach y Celia Arena, han solicitado al Ejecutivo Provincial la conformación urgente de una mesa de trabajo y medidas concretas de financiamiento. También reclaman acciones ante el Gobierno Nacional para frenar el impacto de la apertura de importaciones sobre la industria lechera.

Los trabajadores insisten en que no buscan paralizar la producción ni afectar los productos almacenados. “Estamos defendiendo nuestras fuentes de ingreso y la continuidad de la empresa”, señalaron en los informes difundidos a medios y legisladores.

Fundada en 1923, Lácteos Verónica se posicionó como una de las empresas emblemáticas del sector lácteo argentino. En su momento de mayor actividad, llegó a procesar más de un millón de litros de leche diarios. Hoy, esa producción ha caído a menos de 200 mil litros, en un contexto de incertidumbre total para cientos de familias.

Los trabajadores reclaman mayor transparencia y el acceso público a los balances contables de la empresa. “No podemos permitir que una firma con tanta historia y rentabilidad se vacíe a espaldas del pueblo trabajador”, concluyen.