En su exposición durante la sesión informativa a cargo de Juan Manzur, Vanesa Siley habló de la necesidad de apuntar a la redistribución del ingreso. También hizo referencia a cómo la judicialización de las protestas sindicales está relacionada con el lawfare desde el mismo Congreso en el que se plantean proyectos para realizar la reforma laboral en partes. «Qué más se le puede pedir a las personas que trabajan», se preguntó, «¿Hay que sacarles derechos también?».
La diputada y dirigente sindical de trabajadores judiciales Vanesa Siley señaló la necesidad de revisar la redistribución del ingreso porque se encuentra beneficiando notablemente al sector empresario: «Estamos atravesando una distribución regresiva del ingreso donde hay una 60% para el capital y un 40% para el trabajo. También tenemos que fortalecer entonces las instituciones para permitir que esa redistribución del ingreso que terminó 51 para el capital y 49 para el trabajo en 2015 vuelva a ser equitativa.»
«Digo yo, qué más se le puede pedir a las personas que trabajan, que solo tienen su fuerza, su inteligencia, sus manos, sus piernas y que la han puesto toda en estos duros años, qué más ¿Hay que sacarles derechos también? ¿Todo tiene que poner la persona que trabaja para sacar adelante este país, nuevamente?«, se preguntó.
Siley aprovechó en ese sentido a dar un breve listado de los proyectos que desde la oposición traccionan para que sean ley y así romper por partes la legislación laboral vigente: «Sin ir más lejos, en este mismo contexto, muchos diputados de la oposición presentan proyectos tipo: prohibición de protestas sindicales, prisión para militantes sindicales que reclamen en la puerta de establecimientos, prohibición de las reelecciones en los gremios, eliminación de las sanciones a empresas que retengan aportes de los trabajadores con destino a la seguridad social, cancelación de la personería gremial de Camioneros, eliminación de las indemnizaciones por despido y reemplazo por un fondo de cese, otro más de eliminación de las indemnizaciones, otro de eliminación de la cláusula solidaria para trabajadores no afiliados, eliminación de las indemnizaciones por nula o incorrecta registración, entre otras.»
La dirigente de la federación de judiciales Fesitraju señaló la criminalización creciente de la protesta que recae sobre cada vez más trabajadores: «Esto del lawfare se aplica, no solamente a nuestra Vicepresidenta de la Nación, se aplica a muchos dirigentes sindicales, a muchos delegados y delegadas, a muchas organizaciones sindicales.»
En ese sentido, Siley hizo referencia a otro ariete en pos de la reforma laboral que no pudo ser durante el mandato de Mauricio Macri, el Movimiento Empresario Anti Bloqueo que asocia las protestas sindicales con delitos: «Hasta se ha conformado un grupo que se llama «Antibloqueo» de empresarios, que no sé cuántos empresarios realmente habrá en ese grupo, pero sé que hay muchos de Juntos por el Cambio que se vanaglorian de aplicar la ley penal a conflictos laborales.»
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