Uniónbat y Laboratorios Pyam acusadas de fraude laboral: Despiden a 120 trabajadores en Gualeguaychú y no les pagan las indemnizaciones

Uniónbat y Laboratorios Pyam, dos empresas del Parque Industrial Gualeguaychú, desvincularon a más de 120 empleados y, en lugar de abonar las indemnizaciones, se presentaron en concurso de acreedores. El sindicato calificó la maniobra como «fraude laboral» y exige la intervención de la Justicia: «No es crisis, es estafa»

El Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate denunció una «grave maniobra de vaciamiento y fraude laboral» que afecta a más de 120 familias de Gualeguaychú. Según el gremio, las empresas Uniónbat y Laboratorios Pyam despidieron a su personal y, en lugar de abonar las indemnizaciones que les corresponden por ley, se presentaron en concurso de acreedores a los pocos días. «Esto no es una crisis. Es una estafa planificada», sostuvo el sindicato, que acusó a las empresas de «usar la figura del concurso para vaciar las empresas, quedarse con los bienes y dejar a los trabajadores con la mano vacía».

Martín Gómez, trabajador de Uniónbat e integrante de la comisión directiva del sindicato, explicó que la empresa despidió a 100 trabajadores y que «la empresa no quiere pagar las indemnizaciones que corresponden por ley». Gómez relató que el 4 de agosto se terminó la conciliación y la empresa tenía cuatro días para pagar, «y resulta que hoy estamos a 19 y la empresa no pagó». En el caso de Laboratorios Pyam, la situación es similar: despidieron a 20 trabajadores, con la diferencia de que «ellos dijeron que no iban a pagar la indemnización y que hicieran juicio».

El conflicto en el Parque Industrial Gualeguaychú se venía gestando desde hace cuatro meses. Pyam había despedido a 9 operarios en abril y otros 11 en mayo, mientras que Uniónbat anunció en junio el despido de 100 trabajadores de su área de fabricación de baterías, con la intención de concentrar la producción en su planta de San Martín, provincia de Buenos Aires. Tras sucesivas prórrogas de la conciliación obligatoria, los despidos quedaron firmes a comienzos de agosto sin que las empresas reincorporaran al personal ni saldaran las deudas.

Desde el sindicato exigieron «que la Justicia garantice el pago total de las indemnizaciones a todos los trabajadores despedidos», «que se investigue a los dueños de ambas empresas por vaciamiento y fraude laboral» y «que el Estado provincial y municipal intervenga para proteger a las familias que hoy no tienen trabajo ni ingresos». El gremio convocó a la comunidad y a las organizaciones sociales y políticas a sumarse al reclamo, bajo la consigna de que «la solidaridad hoy es la única herramienta que tenemos para hacerle frente a estos atropellos».